Zitácuaro, Michoacán
La extorsión en Michoacán es una realidad, al grado de que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha abierto tan solo en lo que va de este año 158 carpetas de investigación, de las cuales cinco están judicializadas y 15 en proceso. Estas últimas, en la región de Apatzingán.
A pesar de que se ha dicho que no es real la extorsión de limoneros a través de comunicados y declaraciones del gobernador del estado, Alfredo Ramírez, y el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, el fiscal general del estado, Adrián López Solís, dice que la instancia que representa lleva ya al menos un año combatiendo este delito.
“Tenemos algunas carpetas de investigación ya judicializadas, incluso vinculadas a proceso, pero es un fenómeno bastante complejo y lamentablemente de amplio espectro, esto dadas las diferentes modalidades que implica, desde el cobro de hasta agresiones personales a la integridad de las víctimas”, precisó en entrevista en Zitácuaro.
El fiscal explicó que al menos dos denuncias fueron interpuestas por funcionarios, otras las presentaron productores de limón y el resto se iniciaron de oficio, ya que este delito es uno de los menos denunciados según cifras del INEGI; sin embargo, expuso que es muy difícil encontrar pruebas cuando se atiende de oficio, pues una extorsión consiste en una amenaza directa contra una persona:
“Al final el elementos característico de la extorsión es la amenaza y esta recae en una persona determinada, al ser este un elemento característico del tipo penal, sin el mismo no se puede hablar de un hecho de delito”, indicó.
De acuerdo con Adrián López Solis, se ha detenido a alrededor de 27 personas por extorsión en la entidad y de las 191 denuncias interpuestas, la gran mayoría -125- se presentó en Morelia, seguida de Uruapan, con 42 y en tercer lugar, aunque con una amplia diferencia, se encuentra Apatzingán, con tan solo siete denuncias.
Argumentó que la región de Apatzingán y Tierra Caliente presentan una dinámica delincuencial particularmente compleja, porque es donde se localizan los líderes delincuenciales de bandas criminales de impacto estatal.
