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Jueves, 27 Noviembre 2025

Vinculan a proceso a ocho de los imputados por el homicidio de Carlos Manzo

Por el homicidio de Carlos Manzo vinculan a proceso a ocho de los imputados, en tras una audiencia de 18 horas en la que se habló de dos armas el día de los hechos, y se aludió a una conspiración para matar al edil de Uruapan.

Morelia, Michoacán.- Tras una larga jornada de 18 horas, la audiencia inicial dividida en el caso 1027/2025, concluyó este jueves con la vinculación a proceso a ocho de los imputados por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

La determinación del juez Luis Fernando Díaz Parra, fue emitida un minuto después que el reloj marcara las seis de la mañana, minutos antes que se venciera el plazo constitucional que tenía para establecer si ordenaba o no la vinculación a proceso.

Jorge Armando N., alias “El Licenciado”, señalado por la Fiscalía General del Estado de ser uno de los autores intelectuales del homicidio del edil uruapense, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado y lesiones dolosas, en tanto que para Alejandro, Demetrio, Guillermo, Omar Osvaldo, Monserrat y Mario Alberto, escoltas del munícipe, la vinculación es por homicidio doloso en comisión por omisión.

El 22 de noviembre se realizó la primera parte de la audiencia inicial a los ocho imputados, ahí se determinó la prisión preventiva y tocó a la Fiscalía General del Estado exponer su caso. Ayer miércoles, arrancó la segunda parte de la audiencia y tocó el turno a la defensa para presentar sus datos y medios de prueba, posteriormente, se realizó el debate entre las partes para argumentar el porqué sí y porqué no de la vinculación a proceso, y finalmente, este jueves a las 06:01 horas, el juez emitió su veredicto.

Resaltó que Juan Daniel Manzo Rodríguez, víctima indirecta y hermano del edil asesinado, sólo hiciera acto de presencia al inicio de la audiencia durante diez minutos, sin incorporarse nuevamente en el resto de la jornada, ello a diferencia de otra víctima indirecta, el regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo -herido durante los hechos del primero de noviembre- quien enfundado en sombrero y guayabera atestiguo todos los trabajos.

Víctor Hugo denunció irregularidades en el proceder del asesor victimal que le fue designado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quien el 22 de noviembre se presentó en la primera parte de la audiencia inicial ostentándose como su representante sin haber tenido contacto con él y sin contar con su autorización para representarlo. Debido a ello solicitó se le asignara otro asesor victimal porque el anterior no le causa confianza debido a que mintió.

En un formato híbrido se desarrolló la segunda jornada de la audiencia inicial, unos estaban de panera presencial y otros a distancia: los siete escoltas del edil se encontraban en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto, en Morelia; Jorge Armando N., en Cefereso 1 “El Altiplano”, en el Estado de México; el juez, la defensa de los siete custodios y la representación de la Fiscalía en Uruapan; y las víctimas indirectas en lugares alternos. Para la prensa se habilitó una sala de oralidad en Morelia.

En la segunda jornada de la audiencia inicial, dos fueron los momentos de mayor intensidad durante los trabajos: la declaración emitida por Jorge Armando N., alias “El Licenciado”, y la declaración de un perito externo en criminalística presentado por la defensa, que expuso la hipótesis de la existencia de dos armas de fuego utilizadas el primero de noviembre y no una, como ha reportado la Fiscalía General del Estado.

Acusa “El Licenciado” tortura

La pantalla mostraba la imagen de Jorge Armando N. desde El Altiplano, detrás de un enrejado en un pequeño cuarto. Al inicio de la audiencia portaba una camiseta amarilla y conforme pasaron las horas, se le vio ya con una sudadera color beige.

Pidió rendir testimonio, buscando que éste disuadiera al juez de una posible vinculación a proceso. No fue así, la determinación del juzgador le fue contraria, aunque sí propició que éste ordenara el inicio de una investigación dando vista a la Fiscalía Especializada para el Delito de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Jorge Armando apuntó que el 18 de noviembre, cuando se dirigía a un partido de futbol de su hijo, fue detenido a las cuatro de la tarde por elementos de la Fiscalía General del Estado en el centro de Morelia, entre las calles 20 de noviembre y revolución.

Refirió que a partir de su detención, fue incomunicado, golpeado y torturado por elementos encapuchados de la Fiscalía. Apuntó que ya detenido, frente a él, las autoridades hicieron su retrato hablado y la filiación.

Acusó haber sido trasladado para grabado, fotografiarlo y tomarle videos, además, de haberle puesto en las manos un celular, “me dijeron que mi cónyuge estaba en otra sala y que la iban a matar y a chingar”, “cuando me detuvieron se llevaron mi credencial de elector y licencia de conducir”.

Narró cómo tras su detención permaneció sin posibilidad de contar con un abogado, por lo que el 20 de noviembre llegó un actuario con una demanda de amparo por incomunicación. Fue hasta que arribó a El Altiplano el 21 de noviembre cuando pudo hacer una llamada telefónica al filo de las tres de la tarde.

“En los pasillos de El Altiplano he oído que han dicho que el secretario de seguridad Omar García Harfuch y el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña me entrevistaron, lo que es absolutamente falso”, apuntó.

Jorge Armando N. recalcó que no conoce a nadie del crimen organizado, o que conozca a alguien que pertenezca a algún grupo delincuencia, aseguró que su vida ha sido recta y que tiene un modo honesto de vivir.

También habló de su historia, dijo tener licenciatura en Ciencias de Comunicación y Periodismo, que trabajó en la Comisión Federal de Electricidad como superintendente de obra; que constituyó una empresa de construcción, y que estuvo en la contingencia del sismo de 2015 en Xochimilco.

Dijo haber ayudado a diputados de la LXIV Legislatura Federal en diferentes actividades entre 2018 y 2021, lo que se podía comprobar con su gafete de acceso a San Lázaro, posteriormente, participó en el gobierno municipal de Santa Ana Maya en Michoacán en el trienio pasado, e incluso dijo haber competido para un cargo de elección popular.

La hipótesis de las dos armas

Los momentos de mayor tensión durante la segunda jornada de la audiencia inicial, sobrevinieron con el testimonio rendido por un perito externo en criminalística presentado por la defensa de los siete custodios de Carlos Manzo, quien hizo un peritaje de balística, analizando los casillos recolectados en la escena del crimen por el que perdiera la vida el edil y su agresor material, Víctor Manuel.

En su exposición el perito fue desmenuzando las características que presentaban dos grupos de casquillos recolectados en la plaza Morelos de Uruapan, los que dijo provenían de distintas armas. Concluyó que en los hechos hubo la intervención “de dos armas de fuego, es decir, de dos tiradores”.

Tal afirmación se oponía a la versión de la Fiscalía General del Estado acerca de una sola arma utilizada en los eventos. La intención de la defensa con este testimonio, era demostrar que el custodio Demetrio, había accionado su propia arma para abatir al asesino de Manzo, bajo el argumento de que éste permanecía en posesión del arma homicida apuntando indistintamente a las personas que se encontraban en el lugar y forcejeando con otros elementos de seguridad sin rendirse.

El perito externo, que forma parte de la propia Fiscalía y ha sido capacitado por ésta, además de estar incluido en el padrón de peritos del Poder Judicial, obtuvo una dura respuesta por parte de los representantes de la Fiscalía en la audiencia, quienes a través de múltiples preguntas, desarmaron y restaron credibilidad a sus dictámenes periciales, evidenciando sus contradicciones sobre el color de los casquillos, su incapacidad para describir las características de éstos, el desconocer su peso, su marca, y el señalar de plano que no había tenido contacto directo con el material.

Tras el interrogatorio de la Fiscalía, las conclusiones del perito externo quedaron sin credibilidad no sólo entre los asistentes de la audiencia, sino en el propio juez, quien al final desechó la prueba aportada por la defensa.

Entre los 25 datos y dos medios de prueba presentados por la defensa otro que llamó la atención, fue uno relacionado con mensajes de whats app que aludían a una conspiración para asesinar a Carlos Manzo. En ellos se señala al dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes y a su hermano René, “de haber sostenido una reunión con el Abuelo Farías, previo al asesinato del edil con la intención de ejecutarlo”.

Sin embargo los elementos aportados por la defensa, no fueron suficientes para impedir la vinculación a proceso de los ocho imputados. La Fiscalía General del Estado contará con tres meses para realizar la investigación complementaria.

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