Catedrático de la UMSNH alerta sobre el nuevo Reglamento del Tribunal Universitario, por su potencial uso punitivo y falta de imparcialidad

Morelia, Michoacán.- El Rubén Jiménez, alertó sobre los alcances y posibles efectos del proyecto de Reglamento del Tribunal Universitario, cuyo análisis y eventual aprobación fue enlistado en sesión del Consejo Universitario.

En entrevista, tras revisar el documento, el especialista señaló que su aplicación podría derivar en un mecanismo de control disciplinario con serias implicaciones para profesores, trabajadores y alumnado.

El documento —cuyos artículos definen una figura de amplia jurisdicción interna—, establece que “El Tribunal Universitario es un órgano autónomo de control interno de naturaleza disciplinaria de la Universidad Michoacana” y precisa que podrá “proceder en aquellos actos o conductas que las personas con algún vínculo de responsabilidad cometan dentro del ámbito nicolaita, y que puedan encuadrar en alguna de las hipótesis descritas en el presente reglamento”

Para el abogado, esta formulación abre la puerta a interpretaciones muy amplias, ya que advirtió: “A mí me huele como un instrumento de represión al interior de la universidad”, y subrayó la “mala técnica legislativa” del reglamento, que incluso reproduce fragmentos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Al respecto, señaló: “Lo advierto así como un claro mensaje de intimidación”.

Ambigüedad procedimental contra menores de edad

El catedrático calificó grave que los estudiantes del bachillerato —muchos de ellos menores de edad—, queden sujetos a esta autoridad.

“En nuestra comunidad universitaria, por ejemplo, en el caso de los alumnos del bachillerato, todavía son menores de edad, que pueden ser sujetos de ese tribunal”, dijo.

El proyecto no especifica qué pruebas podrán presentarse ni determina un marco supletorio, pese a que el propio abogado señala que ello es estándar en órganos cuasi jurisdiccionales.

“No menciona por ejemplo qué tipo de pruebas se pueden presentar… sigue siendo muy ambiguo a la jurisdicción que va a tener este tribunal”, insistió.

El contenido del documento confirma esta ausencia, ya que en el artículo 6 enumera conductas sancionables —como “conductas de violencia”, “conductas discriminatorias” o “hechos ilícitos previstos en las leyes penales”—, sin definir procedimientos probatorios ni criterios de valoración

Designación de vocales y dudas sobre la imparcialidad

Otro foco de preocupación que mencionó Rubén Jiménez es la forma de designar a quienes integrarán el Tribunal.

Aunque el reglamento establece que “los Vocales que integran el Tribunal Universitario son autónomos en sus decisiones”, el catedrático advierte que su nombramiento quedaría en manos de la Rectoría, lo que comprometería su independencia.

“A ver, dígame, ¿qué juez va a emitir un fallo en su contra si viene la queja en contra de ella y ella fue quien lo puso? No le veo mucha imparcialidad”, opinó.

El académico también cuestionó el carácter “partidario” que podría adquirir el órgano, al quedar el Tribunal como “parte” en procedimientos donde debería fungir como árbitro, pues mencionó: “El del tribunal no puede ser parte, él va a ser el árbitro”.

Potencial uso punitivo y silenciamiento del personal

Rubén Jiménez sostuvo que la redacción del reglamento permitiría activar procesos disciplinarios por situaciones menores, susceptibles de ser interpretadas como violencia o discriminación, lo que podría derivar en suspensiones o rescisión de contratos.

“Bajo este instrumento van a empezar a intimidar, empezar a cesar a compañeros incómodos”, dijo.

Relató que incluso ha modificado su conducta laboral ante el temor de denuncias infundadas.

“Ya debe uno incluso de cuidarse lo que dice en el aula… ya cualquier cosa puede ser entendida como violencia. Yo de hecho ya ni participo en los grupos de WhatsApp… lo obligan a silenciarse a uno”, añadió.

Opacidad y ausencia de consulta a la comunidad nicolaita

El catedrático destacó la falta de difusión del proyecto normativo, pese a que modificaría de forma amplia la vida interna universitaria, pues insistió en que “la gran mayoría no tenía conocimiento si les quieren meter el albazo”.

En contraste, el documento asigna al Tribunal competencias de gran alcance, al establecer que podrá aplicar el reglamento “en cualquier área de la Universidad Michoacana, independientemente del espacio de trabajo o lugar de estudio de la persona implicada”.

Aprobación sin contrapesos

De acuerdo con el abogado, el dictamen ya cuenta con el visto bueno de varias comisiones del Consejo Universitario.

“Ya van aprobados por esas comisiones, yo pienso que los van a mayoritear”, externó.

Incluso identificó la firma de directores de diversas facultades, lo que a su juicio confirma la tendencia a la alineación institucional.

Un reglamento con efectos inmediatos

El abogado señaló que, aunque el proyecto incluye un transitorio que aplazaría su entrada en vigor, ya se contempla presupuesto y estructura para el nuevo Tribunal, lo que “anticipa” su puesta en marcha inmediata.

Aunque el análisis completo del documento está pendiente, el catedrático insistió en que los riesgos son latentes: ampliación del control disciplinario, ambigüedad procesal, posible uso punitivo, falta de consulta y dudas sobre la imparcialidad de sus vocales.