Morelia, Michoacán, 23 de julio de 2024.- La Iglesia católica ha solicitado políticas públicas y leyes en México que ofrezcan opciones reales a las mujeres embarazadas, más allá de la interrupción del embarazo, para que puedan continuar con sus planes de vida en todas sus áreas.

El pasado 15 de julio, el Congreso de Puebla aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación.

Convirtiéndose en el estado 14 en México en alinear su constitución local con el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los legisladores poblanos aprobaron un dictamen para que ninguna mujer, persona gestante o personal médico sea criminalizada por abortar.

O por ayudar a alguien que decida interrumpir su embarazo.

La persecución penal a una mujer que se ve forzada a abortar por las circunstancias de vida que le acontecen puede ser una injusticia social”, señaló la Arquidiócesis de México en su editorial del semanario ‘Desde la fe’.

Protección a la mujer embarazada.

Por ello, el órgano católico consideró “muy importante que las políticas públicas y las leyes en México den opciones reales a la mujer embarazada.

Esto, sin tener que eliminar a su hijo (terminar con la vida del bebé) y pueda continuar con sus estudios, su trabajo y su vida”.

La Iglesia subrayó que la sociedad es la que construye la cultura y de ella emanan las leyes que protegen esa cultura.

Ante esto, es crucial seguir construyendo juntos “una cultura de respeto a toda vida”.

La institución religiosa acusó que “la sociedad actual se ha vuelto egoísta en torno a la maternidad: ahí es donde está el debate de fondo de las iniciativas de ley”.

 “desgraciadamente hay visiones que sólo buscan evitar la maternidad propia y de terceras personas, pues consideran que liberando a la mujer de la maternidad, ella será completamente libre”, lamentó.

“A la sociedad entera nos toca dar opciones de vida para la mujer embarazada, que no exista un solo despido laboral por este motivo (actualmente la discriminación laboral es más común en México)”, expuso la Iglesia.

La nueva ley también estipula que, en caso de que alguien ejerza violencia contra una mujer para obligarla a abortar, la pena será de 8 a 10 años de cárcel.

Finalmente, si el aborto obligado lo causara un médico o partera, además de la cárcel, se le suspenderá de su profesión durante el tiempo en prisión. (CON INFORMACIÓN DE: SIETE 24)