El aumento de la informalidad laboral en Morelia destaca la necesidad de políticas más efectivas. Casi 190 mil trabajadores en Morelia, sin prestaciones ni seguridad social
Morelia, Michoacán.-En Morelia, la informalidad laboral ha aumentado 1.7 puntos porcentuales en los últimos cinco años, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
Este crecimiento, que la ubica en 2024 en un 48.9 por ciento, pone en evidencia la persistencia del problema y la ineficacia de la estrategia municipal para revertir los números.
Durante el periodo de Raúl Morón Orozco (Morena) de 2018 a 2021, la tasa de informalidad ya mostraba un crecimiento sostenido, mientras que en el gobierno actual de Alfonso Martínez Alcázar (PAN-PRD) las medidas implementadas no han logrado revertir esta tendencia.
De acuerdo con esta encuesta del INEGI, en el sector de micronegocios, las actividades informales han aumentado un 7 por ciento, reflejando la falta de incentivos para su regularización.
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En paralelo, el acceso a la seguridad social también ha empeorado. En 2018, el 42 por ciento de los trabajadores subordinados carecía de prestaciones; para 2024, esta cifra aumentó al 46 por ciento, dejando a miles de personas sin acceso a servicios básicos de salud.
El comercio lidera el crecimiento de la informalidad, pasando del 28 por ciento al 31 por ciento del total de empleos informales.
Actividades como el transporte y los servicios profesionales tampoco han escapado de esta problemática, pues muestran un aumento significativo en los últimos años.
Este repunte coloca a Morelia por encima de la media nacional y subraya la falta de políticas efectivas para reducir este fenómeno.
Los trabajadores informales, además de enfrentar condiciones de incertidumbre, reportan ingresos bajos y jornadas extensas. Más del 35 por ciento de ellos perciben entre uno y dos salarios mínimos, y un 45 por ciento carece de acceso a servicios de salud, lo que compromete su bienestar y el de sus familias.
La informalidad no sólo afecta a los trabajadores; también reduce la recaudación fiscal y limita las inversiones en infraestructura social. Parece que los estímulos fiscales, la simplificación de trámites para los pequeños negocios y las campañas de regularización laboral, han sido insuficientes.
