Morelia, Michoacán, 08 de mayo de 2025.- Sin ninguna consideración el gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla, aplica “la política del garrote” a los sectores que no aplauden sus proyectos millonarios ni sus mentiras, con las que pretenden maquillar su administración fallida.

Así lo señalaron esta mañana integrantes de la Comisión Reguladora del Transporte (CRT) que lidera José Trinidad Martínez Pasalagua luego de la movilización transportista del día de ayer y el comunicado amañado y mentiroso que emitió el gobernador a través del Instituto Michoacano del Transporte (IMT) que encabeza María Elena Huerta Moctezuma.

Rechazaron enérgicamente que, con el uso de la fuerza pública y como si se trataba del combate a la delincuencia, detuvieron unidades con el falso argumento de que, “no contaban con documentación, presentaban inconsistencias en su macromática y estar fuera de ruta o de su adscripción”.

En este sentido, desmintieron lo anterior y explicaron que las unidades detenidas, no se encontraban prestando servicio y en consecuencia no traían pasaje al momento de su detención en un retén con más de 200 policías y justificado de revisión administrativa, más bien parecía de combate a la delincuencia reiteraron.

Las unidades añadieron, fueron detenidas en área federal lo cual no es competencia del IMT y mucho menos de la Guardia Civil por tanto, violaron la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que, “nadie puede ser despojado de su vehículo y placas”.

Asimismo, manifestaron su total rechazo a los operativos arbitrarios que el IMT ha intensificado en contra de concesionarios formales mientras permite la operación impune de decenas de unidades foráneas, con placas federales y otras más sin placas.

Ejemplificaron al respecto, que en estas condiciones prestan el servicio 76 vehículos en la Ruta Gris y provienen de los municipios de Múgica y Tarímbaro así como de la tenencia de Santiago Undameo. Servicios de transporte escolar, de personales y plataformas digitales que circulan de manera ilegal y sin los controles mínimos que se exigen al transporte concesionado.

Una vez más dijeron, “nos enteramos por los medios de comunicación de un supuesto proyecto de Bus Rapid Transit (BRT) para Morelia, sin que haya existido diálogo alguno con el gremio transportista concesionado lo que vulnera los principios de transparencia, participación y corresponsabilidad».

Es por ello que exigen la liberación inmediata de las unidades con respeto a la legalidad y sin represalias; la suspensión de operativos selectivos y revanchistas y la instalación de mesas técnicas con participación de los concesionarios a fin de garantizar la equidad.

De la misma manera, una auditoría imparcial a las rutas foráneas y federales que operan en Morelia sin concesión ni permiso estatal y transparencia en la planeación del BRT, garantizando la inclusión de los transportistas concesionados como actores fundamentales en la reconfiguración de rutas y servicios.

También, el cese al uso político del IMT que se ha convertido en una herramienta de presión del gobernador al margen de su obligación de ser una autoridad reguladora e imparcial.

Finalmente, responsabilizaron a la titular del IMT, María Elena Huerta Moctezuma, por la campaña de desinformación y hostigamiento hacia el transporte concesionado y reiteraron que su lucha es por un servicio digno, legal y ordenado para los usuarios y que no buscan privilegios sino justicia.