Emiliano Medina Aguilera

James Monroe fue el quinto presidente de los Estados Unido de América. Durante su mandato se estableció una idea de política exterior que hoy sigue siendo clave para entender la relación de este país con los demás del hemisferio occidental: “América para los americanos”. La doctrina Monroe intentaba proteger a los Estados Unidos de la influencia directa e indirecta de las principales potencias coloniales de la época: Reino Unido, España, Portugal y Francia. Fue un éxito. Además de disuadir la intervención europea – con excepciones como las intervenciones de Francia en México, en 1838 y 1861 – le permitió a los Estados Unidos autoproclamarse todo el hemisferio como su zona natural de influencia.

La intervención militar en Venezuela representa una extensión de la doctrina Monroe, una intervención más en el continente americano que, a partir del inicio de la Guerra Fría, se suma a las intervenciones en Guatemala, Cuba, Brasil, República Dominicana, Chile, Nicaragua, Granada y Panamá. Es la primera en América desde el comienzo del siglo XXI y también responde a coyunturas globales imposibles de obviar. El ascenso y la consolidación de la República Popular de China como el principal socio comercial de la mayor cantidad de países del mundo han puesto en entredicho la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental, de ahí el uso de la fuerza para impedir la injerencia de China en países clave como Venezuela.

La importancia de Venezuela radica en ostentar las reservas petroleras más grandes del mundo. A su vez, el gobierno de Nicolás Maduro representa la permanencia de China como un socio comercial incómodo en la región. La apuesta de Trump es la siguiente: controlar los yacimientos petroleros venezolanos, venderle petróleo a Estados Unidos y asegurarse de que lo recaudado por los ingresos petroleros tenga como destino la compra de productos estadounidenses. Es un negocio redondo para Estados Unidos.

Ahora bien, señalar el injerencismo estadounidense no entra en tensión con reafirmar que el gobierno de Nicolás Maduro fue un régimen dictatorial y que la Revolución Bolivariana, que da inicio con la llegada al poder del expresidente Hugo Chávez en 1999, fue un rotundo fracaso para la mayoría de la población venezolana. De acuerdo con ACNUR, hasta mayo de 2025, 7.9 millones de personas habían salido de Venezuela por diferentes motivos. La hiperinflación ha mantenido al país como uno de los más pobres de América Latina. También se debe recordar que la represión de la dictadura acabó con la posibilidad de un cambio de gobierno. Las sanciones económicas de Estados Unidos no doblegaron al régimen; todo lo contrario, lo recrudecieron, y el costo terminó por pagarlo la población venezolana.

            Las principales consecuencias aún están por verse. Una vez más se ha dinamitado el Derecho Internacional, que hoy parece existir solo en papel. Cada vez, la línea entre lo permitido y lo prohibido parece estirarse un poco más, siempre que sirva a los intereses de las principales hegemonías globales. Mi interpretación de lo ocurrido el 3 de enero es que muchas verdades pueden coexistir en un solo hecho. Estados Unidos no tenía el derecho de intervenir en Venezuela. Es una buena noticia el fin del gobierno de Maduro; sin embargo, se deberá poner especial atención al futuro del país y a la conducta de las hegemonías globales a raíz de este hecho.

Hasta el momento, me resulta ingenuo pensar que un gobierno venezolano intervenido y potencialmente administrado por los Estados Unidos consiga dar mejores resultados para la mayoría de la población. El fin de un gobierno tiránico no puede ser motivo para auspiciar un negocio redondo para Estados Unidos; mucho menos debe darle carta blanca a esta y otras naciones para hacer lo mismo con otros Estados vulnerables. Esta intervención nos indica que, en una competencia por la hegemonía global, las naciones estarán dispuestas a destruir las reglas que ellas mismas construyeron.