Estados Unidos declara a los cárteles de Latinoamérica como amenaza terrorista, al tiempo que destaca la cooperación con México y el uso de agencias federales.
Estados Unidos.-En una reciente entrevista con el programa World Over, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, intensificó la tensión diplomática al revelar la nueva designación de varios cárteles de Latinoamérica, como como son Cártel de Sinaloa, el CJNG, asentados en México y el Cártel de los Soles, como organizaciones terroristas.
Esta medida trae consigo graves implicaciones legales e internacionales. Rubio enfatizó que estos grupos ahora serán tratados como amenazas terroristas, no como simples bandas criminales:
“Tienen armamento como el de los terroristas o incluso ejércitos”, aseguró.
Rubio subrayó que, aunque el uso del poder militar estadounidense se considera en caso de amenazas directas, la prioridad es fortalecer la colaboración con México, proporcionando información y apoyo estratégico para enfrentar al crimen organizado.
“Podemos proporcionarles mucha información sobre quiénes son y dónde están ubicados”, señaló
Aclarando que Estados Unidos no busca una intervención militar directa, pero tomará medidas inmediatas si los grupos criminales cruzan la frontera.
La declaración también abordó aspectos cruciales de la intervención estadounidense: además de la posible acción militar, se prevé el uso coordinado de agencias federales como ICE, FBI y DEA.
Rubio destacó la urgencia de tratar a los cárteles como actores delictivos multifacéticos que, aparte del narcotráfico, también están involucrados en la trata de personas y tienen conexiones crecientes con redes terroristas internacionales.
La reacción en México fue inmediata. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un paquete de reformas constitucionales para proteger la soberanía nacional, dejando en claro que la cooperación es bienvenida, pero sin aceptar injerencias ni violaciones al territorio mexicano.
La nueva estrategia de Estados Unidos representa un cambio significativo en la política antidrogas, con importantes repercusiones económicas, diplomáticas y de seguridad nacional.
Los cárteles designados como terroristas enfrentarán mayores restricciones financieras y una estricta vigilancia transfronteriza, mientras las autoridades mexicanas insisten en que la lucha interna sigue siendo un asunto de soberanía y corresponsabilidad bilateral.
