La UIF descarta indagatoria sobre Loret de Mola y confirma investigación a Latinus por corrupción.

Pablo Gómez, al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), declaró que no existe ninguna indagatoria en curso contra el comunicador Carlos Loret de Mola. Según Gómez, a pesar de haber recibido datos relacionados con Loret de Mola y su asociado, no hay ninguna acción administrativa o de investigación que los involucre directamente.

Durante la rueda de prensa matutina del 3 de julio de 2024, Gómez informó que la UIF procesa a diario reportes de “actividades vulnerables”, como transacciones en subastas de arte y adquisiciones de joyería. Estos informes se registran y se estudian detenidamente para prevenir y sancionar el flujo de capitales ilícitos.

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El funcionario enfatizó que la UIF examina todos los informes y alertas generados, investigando cualquier anomalía bajo rigurosos estándares financieros.

Por otro lado, el líder de la UIF confirmó que se está llevando a cabo una investigación hacia el grupo empresarial Latinus, acusado de malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y prácticas corruptas.

El conglomerado, formado por cinco entidades y encabezado por Christian González Guadarrama, es objeto de escrutinio por presunto cobro ilegítimo a organismos estatales a través de empresas fachada.

Gómez recalcó que la indagatoria sobre Latinus es independiente de cualquier periodista y negó que se trate de una maniobra de persecución política, en especial contra individuos que se consideren adversarios del gobierno.

“La investigación al consorcio empresarial Latinus no tiene que ver con Loret, aunque trabaje ahí”, aseveró, despejando dudas sobre posibles represalias hacia el periodista.

En 2022, luego de que se expusieran datos fiscales de Loret de Mola en una conferencia matutina, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) encontró evidencia suficiente para imponer sanciones al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sin embargo, el ente encargado de aplicar dichas sanciones es el Órgano Interno del Control de la Presidencia, cuyo líder es el propio presidente, por lo que el procedimiento sancionador no prosperó.