Morelia, Michoacán

Aprobar una parte de las reformas constitucionales propuestas por Andres Manuel López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum antes del 15 de noviembre es la meta de la Cuarta Transformación, de acuerdo con diputadas federales del Partido del Trabajo (PT).

En una rueda de prensa convocada para informar sobre la coordinación entre diputados federales y locales del partido de la estrella para lograr este propósito, la diputada federal michoacana Mary Carmen Bernal explicó que en el caso de la reforma judicial, el proceso electoral ya está en curso y otras más, esperan tenerlas antes de discutir el prespuesto.

Esto es, antes de un mes, pues la Ley de Egresos debe estar lista a más tardar el 15 de noviembre, pero aseguró que en el Legislativo se tiene la capacidad para ello:

“En el congreso federal y en los locales se trabaja en las comisiones, hay la capacidad suficiente para abordar al mismo tiempo diversos temas estamos obligados por ley a sesionar determinadas veces a la semana y determinadas horas. No tenemos hora de entrada ni de salida, estamos a disposición de las necesidades del pueblo, lo que nos permite avanzar de manera rápida y eficiente”, aseguró.

La diputada federal reconoció que todavía “hay mucho por resolver” con respecto a la reforma judicial, aunque justificó que ya se aprobaron las dos reformas más urgentes, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y a la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

“Empezamos porque el proceso electoral está a la vuelta de la esquina, en junio, ya se tiene que publicar la convocatoria el 16 de octubre”, justificó.

Legalmente, el Congreso de la Unión tiene hasta 180 días para modificar sus cuerpos normativos y los locales 90, abundó, pero la prisa parte de que el proceso electoral ya está en curso y en el caso de las otras reformas constitucionales, porque se espera tenerlas listas antes de que se apruebe el presupuesto para el 2025.

“Hubo un compromiso de la presidenta de elevar varios programas a derechos constitucionales y es una obligatoriedad para el estado concederlo y eso tiene un impacto presupuestal”, explicó.

Entre estos programas, detalló, está el de pensión para adultas mayores entre 60 y 65 años y adultos mayores de 65 y más, así como las becas para educación básica.