El Congreso de Michoacán aprobó las reformas constitucionales indígenas sin efectuar la consulta previa que comunidades venían exigiendo

Morelia, Michoacán.- Sin efectuar la consulta previa que se venía exigiendo, con el rechazo del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, y el apoyo del Frente por la Autonomía de Consejos y Comunidades Indígenas, este jueves el Congreso local aprobó las reformas constitucionales indígenas promovidas por el Ejecutivo del estado.

Los diputados siguieron la ruta que desde un inicio se trazó en la materia: aprobar a la brevedad las reformas del Ejecutivo promovidas dentro de su Plan Morelos, en este caso la relacionada con pueblos y comunidades indígenas.

La reforma aprobada por los diputados locales no resultó acorde a las modificaciones constitucionales aprobadas a nivel federal, incluso excluyó el derecho a la consulta de las comunidades, tal y como en su momento alertó el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, además de establecer candados para el ejercicio del presupuesto directo y omitir derechos como el del territorio.

La medida promovida por el Ejecutivo, ahonda la división entre las comunidades indígenas, separadas en tres bloques en el estado: unas, las acompañadas por el Colectivo Emancipaciones y que forman parte del Frente por la Autonomía; otras, las que conforman el Consejo Supremo; y otras más, aquellas que operan de manera independiente.

Posicionamientos de comunidades sobre las reformas constitucionales indígenas

En el caso de las aglutinadas en el Frente por la Autonomía y que han venido trabajando con la actual administración del Gobierno del estado, manifestaron su apoyo a la reforma haciendo acto de presencia este jueves frente a Palacio Legislativo, festejando con banda y baile la medida. Ahí aseguraron que consultaron a 40 comunidades para la reforma. De acuerdo con el Consejo Supremo son 500 las comunidades indígenas existentes en Michoacán, lo que implicaría que sólo ocho por ciento del total fue sujeto a algún tipo de proceso consultivo.

Mientras integrantes del Frente por la Autonomía festejaban frente a Palacio Legislativo, el Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán, emitía un posicionamiento exigiendo su derecho a la consulta libre, previa e informada, manifestando que no reconocen ninguna iniciativa que no se les consulte.

A su vez, la comunidad de Santa Fe de la Laguna también se posicionaría en demanda de que la consulten, junto con todas las comunidades originarias por el Congreso antes de aprobar cualquier iniciativa:

“Solicitamos una verdadera consulta que sea libre, previa, informada, de buena fe, culturalmente adecuada, vinculatoria, con miras a un consentimiento o a un no consentimiento. De no ser así, cualquier reforma será ilegal, no aplicable e ilegítima dentro de nuestros territorios indígenas.”

También la comunidad de Charapan emitiría un posicionamiento desconociendo la reforma constitucional y solicitando la consulta, demandando “no más relaciones colonialistas”.

A su vez el Consejo Supremo Indígena ratificó la postura que manifestó el pasado tres de diciembre durante una reunión con diputados locales, por el derecho a la consulta indígena en toda reforma legal que les ataña.

Aprobación en el Congreso de Michoacán

En Palacio Legislativo la mayoría de los oradores atribuyeron a los ejecutivos federal y estatal de la Cuarta Transformación, ser artífices de reformas “en beneficio” de las comunidades, omitiendo –por desconocimiento o decisión- la lucha que los propios pueblos originarios han venido dando por años para forzar al Estado mexicano al reconocimiento de sus derechos.

Antes de los posicionamientos –todos a favor- de los diputados, el legislador del PT, Hugo Rangel Vargas, preguntó a los integrantes de las comisiones dictaminadoras del tema (Puntos Constitucionales, y de Derechos Indígenas y Afromexicanos), si consultaron a las comunidades indígenas.

“Más allá de cualquier apreciación personal sobre los beneficios que pueda tener la reforma que hoy se nos presenta en este dictamen, como Congreso del Estado, como autoridad que va a emitir una reforma, estamos obligados por la legislación internacional, por el artículo sexto del convenio 169 de la OIT, a haber realizado una consulta con una formalidad mínima que garantice su autenticidad, esta consulta debió haberse expuesto con exhaustividad en el dictamen y no señalar simple y vagamente que se recogieron comentarios, señalamientos, apreciaciones y observaciones.”

La morenista Emma Rivera Camacho, quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales no respondió que sí, y para justificar argumentó:

“Esta reforma recoge por lo menos el planteamiento hecho llegar de más de 30 comunidades del estado, que en lo sustancial, el dictamen recoge los planteamientos y las propuestas que han llegado de las comunidades.”

Dijo que se hizo un parlamento abierto “en que también se recibieron a muchas comunidades”, aunque no aclaró que, en el caso de los planteamientos hechos por las del Consejo Supremo Indígena, no se tomaron en cuenta.

Luego con tono paternalista, la morenista apuntó:

“Lo que nosotros consideramos es que cuando se trata de un beneficio tan importante para nuestros pueblos originarios, que homologa una reforma federal en nuestro estado, lo menos que podemos hacer es la inactividad, estamos tratando de responder a una necesidad.”

La diputada Belinda Hurtado Marín, recordó por su parte que en el caso de las comunidades indígenas no basta la realización de un foro:

“Recordemos lo que pasó hace dos legislaturas donde este Congreso aprobó la Ley de Educación y no hubo consulta, y en la anterior Legislatura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos mandató hacer una consulta en materia de educación a las comunidades indígenas, afromexicanas y de personas con discapacidad, es más, este Congreso está impedido en legislar en estas materias.”

Pese a lo expresado, Belinda Hurtado votaría como el resto de los diputados, a favor de la reforma constitucional.