Explorando el impacto y la relevancia del control de convencionalidad en la legislación mexicana.

Ciudad de México.-Claudio Nash, experto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, describe el “control de convencionalidad” como un mecanismo que permite a los Estados asegurar la protección de los derechos humanos a nivel nacional, evaluando la alineación de las normas y prácticas locales con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y sus decisiones judiciales.

Este mecanismo, según Nash, es fundamental para que los países cumplan con los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos según la CADH.

Originado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el control de convencionalidad interviene cuando las instancias judiciales nacionales no logran cumplir con los estándares internacionales. La Corte IDH, entonces, tiene la autoridad de invalidar normas nacionales que contravengan la CADH, como ha ocurrido con ciertas leyes de amnistía en Chile.

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“El propósito de este control es asegurar que las normas y prácticas internas se alineen con la CADH y otros tratados de derechos humanos vinculantes para el Estado”, explica Nash.

Este proceso puede llevar a la derogación de leyes internas contrarias a la Convención, la reinterpretación de leyes para que estén en consonancia con los compromisos internacionales, y la modificación de prácticas estatales para cumplir con los estándares internacionales, según una guía de la Corte IDH sobre el tema.

Las académicas Laura Alicia Camarillo Govea y Elizabeth Nataly Rosas Rábago discuten si las constituciones nacionales están sujetas a este control. Afirmaron que, a pesar de las dificultades prácticas, las constituciones deben someterse a este control para proteger los derechos humanos de manera efectiva y amplia.

La Corte IDH ha confirmado que el ‘control de convencionalidad’ se aplica a todas las leyes nacionales, incluidas las constituciones, y ha ejercido este control en varias ocasiones.

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Por otro lado, la iniciativa de reforma constitucional presentada por Adán Augusto López Hernández de Morena busca eliminar la posibilidad de impugnar la constitucionalidad de la Constitución, lo que ha generado críticas de organizaciones como Amnistía Internacional México y el Centro Prodh, quienes ven en esta medida un retroceso en la protección de los derechos humanos en México.