La diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza (PAN) impulsa reforma al Código Penal Federal para que se aplique una pena de seis meses a cuatro años de prisión a quien ejerza violencia contra la madre mediante sus hijas e hijos con la intención de dañarla, por sí o a través de una persona que lo haga por encargo o provecho de otro.
La iniciativa, que adiciona un segundo párrafo al artículo 343 Ter del Código Penal Federal, fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
En la exposición de motivos, señala que la violencia de género sigue siendo un grave obstáculo en las democracias modernas. La violencia ejercida contra las mujeres se manifiesta de diversas maneras, incluyendo la trata de personas, el acoso sexual, la maternidad subrogada, la brecha salarial y las agresiones en relaciones de pareja.
Añade que un tipo específico de violencia de género es la violencia vicaria, que es aquella que se dirige hacia la madre mediante el uso de sus hijos o hijas para infligirle daño.
De acuerdo con Amnistía Internacional, la violencia vicaria instrumentaliza a los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género, usándolos como herramientas de abuso para ocasionar sufrimiento a sus madres.
Menciona que actualmente seis entidades en México (Puebla, Zacatecas, Yucatán, San Luis Potosí, Hidalgo y Quintana Roo) han reconocido la violencia vicaria en sus legislaciones civiles y penales, pero existe una notable disparidad en cómo se aborda legalmente esta forma de violencia en el país.
Refiere que en 2021 se registraron 2 mil 865 casos de mujeres víctimas de violencia en México. Para 2022, este número aumentó a 7 mil 670 casos, lo que representa un incremento del 167 por ciento.
Enfatiza que un estudio realizado en 2022 por el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, documentó 2 mil 231 casos. Las entidades con mayor número de reportes fueron Ciudad de México (350), Jalisco (469), Estado de México (310), San Luis Potosí (127) y Yucatán (111)
Puntualiza que es fundamental actualizar la legislación federal para reconocer y sancionar la violencia vicaria de manera uniforme en todo el país. Esto permitirá una mejor protección para las mujeres y sus hijos, así como la posibilidad de sancionar adecuadamente a quienes utilicen a personas cercanas a las mujeres como medios de agresión.
