Ya durante la administración de AMLO, diez estados del país habían conformado una Alianza Federalista para deslindarse de la Conago, entre ellos, Jalisco y Michoacán
Arved Alcántara / La Voz de Michoacán
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció este martes que el estado busca un mecanismo para abandonar el pacto fiscal federal o replantearlo por completo, argumentando que este mecanismo ha perjudicado los intereses de la entidad. El mandatario presentó al Congreso local una iniciativa para cabildear esta posibilidad, luego de señalar que las negociaciones con la Federación para un nuevo convenio de coordinación fiscal fracasaron de 2021 a la fecha.
“El mandato era intentar construir un nuevo convenio de coordinación fiscal y, si no era admitido, considerar la salida. Entregué al Congreso del estado el informe completo de esta gestión y sus resultados nulos, donde el secretario de Hacienda desdeñó a Jalisco e ignoró nuestros planteamientos. La soberbia de siempre prevaleció”, expresó Alfaro, quien aseguró que, además, el diseño jurídico del pacto no está pensado para adherirse o salir, sino simplemente para “someterse a los intereses” del gobierno central.
El mandatario detalló que Jalisco enfrentó en 2023 una disminución del 5.8% en el Fondo General de Participaciones, del 8.5% en el Fondo de Fomento Municipal y del 10.2% en el Fondo de Fiscalización, lo que significó una pérdida de 4 mil 000 millones de pesos. En 2024, la afectación asciende a 3 mil 600 millones de pesos. Según Enrique Alfaro, “la Federación no mostró disposición para reconstruir la relación fiscal y presupuestal con Jalisco”.
El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal fue señalado como “un mecanismo anacrónico, inoperante e injusto”. El gobernador explicó que, desde 1978, la Federación centralizó facultades para gravar conceptos como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios (IEPS), limitando las atribuciones de los estados en materia fiscal.
La propuesta presentada incluye modificar la perspectiva de distribución del gasto para que los estados decidan libremente si se adhieren al pacto fiscal y bajo qué condiciones. “Es decir, no estar en el convenio porque así lo decidió alguien hace casi 50 años; es que si tú quieres estar en el convenio lo decidas como estado libre y soberano y definas con la Federación los términos de ese convenio”, explicó.
El planteamiento también considera que las participaciones federales aumenten progresivamente al 30% de la recaudación federal participable y que se redistribuya la riqueza con base en la competitividad, sin descuidar la solidaridad con los estados menos favorecidos. La iniciativa propone que las empresas tengan su domicilio fiscal en las entidades donde operan y no en la Ciudad de México, así como desindexar de las participaciones federales los préstamos de las entidades y municipios para garantizar que éstas se sustenten en ingresos propios.
Como parte de una agenda federalista, Alfaro presentó reformas para blindar constitucionalmente los sistemas de Salud, Educación y Justicia Alternativa en Jalisco. En materia de Salud, busca evitar que la Federación tome el control de la infraestructura y el presupuesto estatal destinado a este rubro, el cual suma casi 99 mil millones de pesos en el sexenio y que bajo el convenio del IMSS-Bienestar pasaría a control del gobierno central.
En Educación, la propuesta protege el modelo Recrea Educar para la Vida, los programas asociados y el Fideicomiso de Infraestructura Educativa en Jalisco, que se financian con una parte del ISR y se destina a la rehabilitación de escuelas. “Vamos a blindar constitucionalmente los servicios de Salud y de Educación como una responsabilidad compartida del estado con la Federación. Para que quede claro que lo que es de Jalisco no lo va a desmantelar el gobierno federal”, afirmó Enrique Alfaro.
El gobernador subrayó que las reformas pretenden fortalecer la autonomía del estado frente a las políticas fiscales y presupuestales centralizadas, así como garantizar la continuidad de los programas estatales en sectores estratégicos.