Morelia, Michoacán, 10 de marzo de 2025.- La diputada local Brissa Arroyo Martínez, reprobó la campaña de desprestigio y amenazas de que ha sido objeto el gremio periodístico en el municipio de Uruapan, porque -aseguró-, “no existe democracia plena sin la participación del periodismo”.

La Congresista local del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura mostró su solidaridad a las y los comunicadores de aquella región y pidió que haya respeto al ejercicio de esta profesión.

“No es válido en ningún actor de la sociedad y menos de una autoridad municipal el generar e incitar al odio, inducir la a que se tomen ciertas actitudes en contra de un gremio, nunca será válido y no se pueden permitir ni tolerar”, sostuvo Arroyo Martínez.

La legisladora local, quien es también comunicóloga de profesión y experta en temas comunicación, afirmó que: “La labor periodística es indispensable para cualquier democracia, es siempre necesaria en cualquier ámbito de poder, a los gobiernos también se les cuestiona, se les critica y se les hace propuestas de
mejora”.

Y por otra parte, con el objetivo de trazar una agenda conjunta desde la parte legislativa y social con el gremio periodístico, la diputada local Brissa Arroyo Martínez se reunió con la Mesa Directiva de la Asociación Michoacana de Periodistas (AMIPAC) encabezada por Roberto Carlos Guevara.

Arroyo Martínez escuchó los diversos planteamientos y necesidades que enfrenta el sector periodístico y se comprometió a trabajar con perspectiva de derechos humanos aquellas iniciativas relacionadas con el gremio, además de seguir estableciendo diálogo con otras organizaciones de periodistas.

Es importante recordar que la diputada local presentó en noviembre de 2024 una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 64 del Código Penal para el Estado de Michoacán que cuando alguien, con dolo, pretenda atentar contra la vida o integridad de una persona, obtenga una pena más alta.

Que no se utilice el servicio público como un escudo para ejercer violencia sobre aquellos que informan a la ciudadanía sobre el acontecer de cada día.
Que se garantice una sanción ejemplar para aquellos que pretendan limitar la libertad de expresión de las mujeres periodistas en nuestro estado.