Morelia, Michoacán
En Michoacán no hay prisión preventiva para quienes cometan delitos ambientales, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. El mandatario estatal reiteró que la aplicación de la ley en materia ambiental debe seguirse rigurosamente, incluso si ello implica no recurrir a la prisión preventiva para los presuntos responsables de delitos ambientales.
“La ley es la ley”, enfatizó Bedolla en conferencia de prensa desde Casa Michoacán, aludiendo a la necesidad de respetar los procesos legales establecidos. En particular, destacó que casos como la sustracción ilegal de agua son competencia del ámbito federal, y aunque se colabora con las fiscalías correspondientes, las sanciones pueden ser severas, incluyendo multas significativas en función del impacto causado.
El mandatario michoacano señaló que muchas de estas penalidades no necesariamente conllevan prisión preventiva, pero subrayó que, si durante el proceso se demuestra la culpabilidad, se impondrán las penas correspondientes, incluida la privación de la libertad.
La discusión sobre la prisión preventiva en casos de delitos ambientales ha generado interrogantes sobre la efectividad de la lucha contra estos crímenes. Sin embargo, José de Jesús Reyes Mozqueda, titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a los Delitos contra el Medio Ambiente y la Fauna de la Fiscalía General del Estado (FGE), destaca que la mayoría de los casos se resuelven mediante procedimientos abreviados en juicio oral.
Ante la pregunta sobre cómo asegurar la detención y procesamiento de los responsables, se ha mencionado la labor de los guardabosques, pero se ha destacado que la legislación actual no contempla la prisión preventiva para quienes cometan estos delitos. Esta situación plantea un desafío en el combate contra actividades como la sustracción ilegal de agua, la tala ilegal y la deforestación que afectan gravemente los recursos naturales de la región y que han llevado al cambio de uso de suelo, lo que ha acentuado la afectación del fenómeno del Niño y por ende, la sequía.
Por otro lado, se ha evidenciado una preocupación creciente respecto a la magnitud de los delitos ambientales en Michoacán. Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente (Secma), se estima que existen alrededor de 20 mil ollas de agua ilegales y unas 30 mil hectáreas de bosques afectados.
En este contexto, se espera que las autoridades continúen trabajando en la aplicación de la ley y en el fortalecimiento de los mecanismos de protección ambiental, con el objetivo de preservar los recursos naturales de Michoacán para las generaciones futuras.
