Los tiempos que le restan a la actual legislatura –siete semanas- resultan insuficientes para que finalmente cumpla con la sentencia de la Sala Superior de la Corte emitida en mayo de 2022

Morelia, Michoacán.- La LXXV Legislatura del Congreso del Estado concluirá funciones en desacato al mandato emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar debidamente el proceso para legislar en materia de educación inclusiva, especial e indígena.

Los tiempos que le restan a la actual legislatura –siete semanas- resultan insuficientes para que finalmente cumpla con la sentencia de la Sala Superior de la Corte emitida en mayo de 2022 y para la cual le dio como plazo un año para su cumplimiento, lo que no ocurrió.

La Ley de Educación del Estado fue aprobada por la pasada Legislatura local y en ella se incluyeron disposiciones en materia indígena y para personas con discapacidad, pero los diputados omitieron cumplir con el mandato constitucional que los obligaba a que todos los asuntos en materia indígena y los vinculados a personas con discapacidad deban ser consultados.

En su momento el Congreso pretendió mediante foros de consulta simular el cumplimiento de tal precepto sin que los formatos aplicados correspondieran a los de una consulta informada, libre y directa.

Fueron las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, las que promovieron en 2020 las acciones de inconstitucionalidad que derivaron en el fallo emitido el 31 de mayo de 2022 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Corte determinó inválidos 12 los artículos y uno más de manera parcial de la Ley de Educación, pero dio como plazo un año para que su determinación entrara en vigor, ordenando al Congreso que en ese periodo de tiempo corrigiera el proceso legislativo consultando a las comunidades indígenas y de personas con discapacidad, y con base a ello realizara las adecuaciones legales a la norma.

Los 12 meses fueron “en la inteligencia de que, dentro del referido plazo, previo desarrollo de las respectivas consultas indígena y afromexicana, así como a las personas con discapacidad, ese Congreso deberá legislar en las materias de educación indígena y de educación inclusiva”, determinó la Corte.

El asunto dio paso al lucro al interior de la Cámara, debido a que el Partido del Trabajo vio la posibilidad de allegarse recursos bajo el pretexto de realizar las consultas a las comunidades indígenas y de personas con discapacidad, lo que al final atoró la ruta para dar cumplimiento al mandato legal.

Al encabezar las comisiones de Educación y Pueblos Indígenas del Congreso, el PT buscó hacerse del control del tema y acceder a una bolsa inicial de diez millones de pesos que autorizó la Cámara para los trabajos en 2023.

La propuesta petista fue contratar a Casvi, una Consultoría de Contadores públicos -con sede en una pequeña casa de un FOVISSTE de Oaxaca- para lo que era un trabajo jurídico-legislativo y no contable. La empresa no evidencia conocimiento alguno en la materia salvo por el dicho petista que jamás fue sustentado con documentación.

La firma del contrato con Casvi correspondía en la presidencia de la Mesa por ser ésta la que tiene la representación legal del Congreso, ante lo cual la legisladora Ivonne Pantoja optó por poner freno. Los trabajos quedaron así empantanados.

El 21 de junio pasado, último día en que sesionó el Pleno del Congreso los petistas buscaron presionar para la firma del contrato con Casvi, pero su exigencia no encontró eco entre el resto de los diputados.

El asunto será heredado a la próxima Legislatura, sin que exista claridad del procedimiento para sancionar a quienes han incumplido con el mandato de la Corte y que en septiembre próximo finalizarán funciones.