María Guadalupe González Valadez

México, paulatinamente ha incorporado sus procedimientos jurisdiccionales en una serie de desafíos jurídicos, el primero en lo que correspondía a la transformación de juicios tradicionales o escritos a juicios orales y ahora a la justicia digital.

En principio los juicios orales buscando una transparencia, rapidez y eficacia en resolución de conflictos buscando en todo momento el reconocimiento y respeto a los derechos humanos de los involucrados en cualquier proceso.

Los juicios orales en México nos incorporan a una nueva manera en donde se establece una serie de pasos y procedimientos claros, cuya responsabilidad de los operadores del derecho es conocer la materia de que se trate y para cada una de ellas como esa serie de pasos se va a manifestar y los alcances de cada una.

No obstante ese avance aún no totalmente consolidado en México, pero que obligó a los poderes judiciales a la creación de salas que incorporaban principios determinados como la presencia de los jueces en todas las audiencias que daría como resultado que el juzgador escuchara los argumentos de las partes de manera clara bajo el principio de lealtad y probidad, recibiera de primera mano las pruebas sujetas a que cada parte demostrara sus dichos, pero además la incorporación en un principio de la digitalización primaria como sería el audio y video con técnicos para grabación de audiencias y nuevas formas de constituir los tribunales en la oralidad, que implicó presupuesto y que hasta ahora sigue implicando despliegue económico importante para cumplir con estos fines.

A la llegada de la pandemia por COVID-19, México enfrenta otro desafío que era  dar resultado al acceso a la justicia a través de formas no presenciales utilizando para ellos las TIC´S como un mecanismos idóneo, incorporando ya de manera más clara los juicios en línea para algunos procedimientos como la Justicia Contenciosa Administrativa a través del uso de plataformas y correo electrónico, aún más la necesidad de incorporar videoconferencias a tiempo real en juicios de oralidad, que impactó a los justiciables quienes ahora debían contar con teléfonos analógicos, y tener manejo de WhatsApp, así como conocer el acceso correcto a las salas digitales.

El día de hoy México deberá responder a la Justicia Digital, que es la digitalización y modernización de todo el ecosistema existente en el Poder Judicial, con el empleo de Tecnologías de la Información denominadas bajo las siglas (TI), así como también implica el uso de las tecnologías de la información y comunicación denominadas (TIC), lo que implica un encuentro entre tecnología y derecho, que trasciende en que el poder judicial deberá unir tecnología y software para generar servicios legales eficientes.

Que implica ahora este paso dejar al lado definitivamente juicios tradicionales y comenzar un camino hacía el uso de plataformas digitales para la impartición de justicia, que incluye muchos desafíos, un sistema más claro que el que ahora se maneja de salas de audiencia, monitoreo de salas, gestión judicial, notificaciones, estadística judicial, ciberseguridad.

El día de hoy existe una reforma judicial importante que es el Código de Nacional de Procedimientos Civiles y Familiar, esta codificación plantea que en año 2027, México y el Poder Judicial, deberá tener incorporada la justicia digital en México para este tipo de juicios, y que de manera opcional las partes podrán optar por esta forma de justicia.

De tal manera que el reto es importante: deberá garantizar que todos los ciudadanos sin distinción puedan acceder a servicios digitales y tecnológicos; establecer marcos legales claros que regulen la justicia digital y defina estándares técnicos para garantizar la seguridad y la interoperabilidad, se deberán con todo lo que implica económicamente, que da el riesgo de no consolidar esta justicia, el desarrollar e implementación infraestructura necesaria para soportar la justicia digital, como es el sistema de gestión de casos, notificaciones electrónicas y expediente electrónico; tomar en cuenta que la protección de datos y la privacidad del usuario es crucial; que el Juez tenga la posibilidad en todo momento de tener cercanía con los abogados, las partes, los intervinientes, pues la pérdida de inmediación puede afectar el principio de debida defensa y la propia calidad en los servicios.

Para lograrlo será importante en el proceso de adaptación a fin de cumplir con la justicia pronta, eficaz, y que todos tengan acceso a la justicia, que se dé un proceso intensivo de capacitación de jueces, abogados y personal judicial, en el uso de las nuevas herramientas digitales, fomentando en todo momento la adopción de estas tecnologías.