Jorge A. Amaral

Para un Super Bowl, el evento más importante del futbol americano a nivel mundial, se envían a Estados Unidos hasta 138 mil toneladas de aguacate porque en el vecino país del norte les encanta comer nachos con guacamole mientras ven el partido. De todo ese volumen, hasta 130 mil toneladas son producidas en huertas de Michoacán, ubicadas sobre todo en Tancítaro, Uruapan y Tacámbaro, aunque ya se diseminan por distintas regiones del estado, incluso la zona serrana de Morelia.

Puede usted llamarme aguafiestas, pero cuando veo a los miembros de la APEAM (organización que aglutina a los productores y exportadores de esa fruta) mandando boletines para quejarse de alguna situación y poniendo por delante la importancia de su negocio, como diciendo que ellos son los que mueven la economía estatal, me vienen sentimientos encontrados. Por un lado, claro que un alto en la producción y exportación impacta negativamente a Michoacán, habría que ser idiota para no reconocer la importancia de ese mercado, pero luego recuerdo que no todos los involucrados en la cadena productiva ni todas las localidades donde se asientan las huertas se ven beneficiados, y como que se me pasa, y es que el desmedido aumento de huertas de aguacate ha estado motivado por acuerdos entre el crimen organizado y autoridades.

Según distinta bibliografía sobre la historia del narco en México y más recientemente la investigación “Violento y próspero: el auge del aguacate en México y su relación con el crimen organizado”, elaborada por Romain Le Cour Grandmaison y Paul Frissard Martínez (), durante los años 80 el gobierno federal restó presupuesto a distintos programas de apoyo al agro, por lo que muchas familias campesinas no pudieron seguir. Esto a la par del fortalecimiento de grupos delictivos, como luego se vería con el Cártel del Milenio de los hermanos Valencia y la presencia de las organizaciones de Guadalajara y el Golfo en Michoacán y Guerrero para la producción y exportación de amapola y marihuana en zonas golpeadas por la pobreza, pero con gran potencial agrícola por las condiciones geográficas y climáticas.

Así, los que tenían los recursos empezaron a cultivar enervantes en un primer momento, luego fueron animando a otros a hacerlo facilitándoles la semilla y comprometiéndose a la compra de la producción. Pero el dinero sucio no sirve de mucho, así que, para blanquearlo, empezaron a invertir en granjas, en negocios limpios y en cultivos ilegales, entre los que se encuentra el aguacate.

Pasaron los años y, a medida que el negocio crecía, se fue haciendo necesaria la colaboración de funcionarios, pero ya no bastaban los presidentes municipales, sino que se requirió escalar en las esferas de poder para incrementar la superficie cultivada mediante la instalación de huertas en lugares donde estaba prohibido, como zonas boscosas y de difícil acceso. El resultado, según el informe: entre el año 2000 y 2005, alrededor de 9 mil hectáreas de bosque se convirtieron en huertas de aguacate.

Los vínculos entre el aguacate, el narco y el gobierno han quedado documentados, como el caso suscitado en 2009, cuando los cabecillas de La Familia Michoacana citaron a los aguacateros que tuvieran más de cinco hectáreas.

En esa reunión resultó que los líderes criminales contaban con los registros oficiales del gobierno del estado, entonces encabezado por Leonel Godoy Rangel. En esos registros se consignaban los datos de todos los productores, así que no había forma de mentir. Con esos datos en la mano, los delincuentes empezaron a extorsionar a los aguacateros para, según ellos, protegerlos de Los Zetas.

Ya para 2012, los Caballeros Templarios, usando la información que sólo debía estar en poder del gobierno, empezaron a cobrar a los aguacateros 2 mil pesos por hectárea, además de un impuesto por cada kilo vendido. Las empacadoras tampoco se salvaron y tuvieron que acceder a las extorsiones.

Tradicionalmente, cuando se aborda el fenómeno del “narcocate”, se hace desde una postura según la cual los grupos delictivos obstaculizan la próspera actividad económica mediante el uso de la violencia, pero la relación tiene más conexiones y canales, más allá del maniqueísmo. Basta ver los números. 

De 1994, en que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá entró en vigor, y 2001, ya con un tratado comercial con la Unión Europea firmado en el año 2000, la producción aguacatera creció 213 por ciento, aumentando su valor en 7 mil por ciento. Este crecimiento no se vio mermado por la delincuencia, pues así como la violencia y el número de homicidios ha venido creciendo, la producción de aguacate también lo ha hecho. Además, hay que considerar que algunas de las zonas más violentas del estado son aquellas donde han florecido los monocultivos, como la región de Zamora-Jacona (fresa) pasando por Los Reyes (zarzamora y arándano), Peribán y Uruapan (aguacate), y lo mismo hacia Tierra Caliente (limón).

Ese crecimiento de la violencia y el aumento en la producción no son una feliz casualidad, sino que van de la mano, porque los delincuentes pasaron de extorsionar a producir para blanquear sus capitales, y para ello tuvieron que quemar hectáreas y hectáreas de bosque y luego conseguir los permisos de cambio de uso de suelo para instalar sus huertas. Y si ese aguacate no está certificado para exportación, se requiere hacer sobornos para filtrarlo entre el que sí es apto para salir del país. Es así que producción, extorsión y depredación ambiental van de la mano, y el gobierno, flojito y cooperando, porque le conviene para las finanzas locales y para la imagen pública que Michoacán sea líder en algo más que asesinatos. Dice López Obrador que para la corrupción se necesitan dos, y tiene razón, pero a esa escala con dos no basta, se necesita toda una red que aglutine el poder gubernamental y el empresarial en beneficio de los poderes fácticos: según cita la investigación de Romain Le Cour Grandmaison y Paul Frissard Martínez, el 80 por ciento de las huertas de aguacate en el estado de Michoacán se establecieron primero de forma ilegal, mediante el cambio de uso de suelo no autorizado, luego esos predios deforestados o incendiados se volvieron parcelas legales gracias a la complicidad de las autoridades.

Según datos de la Comisión Nacional Forestal, de 2001 a 2018 se deforestaron 269 mil 676 hectáreas en Michoacán, de las que el 70.69 por ciento se transformó en pastizales y el 28.16 por ciento terminaron como tierras de cultivo.

Esta sustitución de bosques por huertas también merma a la fauna silvestre, eso sin contar el impacto de los pesticidas en los mantos acuíferos, lo que además afecta el consumo humano. Pero esto es sólo para satisfacer la demanda internacional, ya que, por ejemplo, si en 2012 la exportación aguacatera a la Unión Europea valía 10 millones de euros, para 2019 ya valía 282 millones de euros.

Entonces, teniendo un mercado así de valioso y con tantos intereses en juego, no suena raro que los delincuentes quieran controlar todo el proceso, incluidos los inspectores de Estados Unidos, que son quienes determinan qué aguacates son aptos para ser exportados sin que los cultivos de allá corran riesgo de plagas. Ahora fue durante una manifestación de policías en Aranza, pero ya en otras ocasiones han sido atacados por delincuentes.

Con la suspensión de la exportación por parte de Estados Unidos tras el incidente en Aranza, el gobierno empieza a sentir el agua en los aparejos pues los aguacateros de la APEAM ya le atizan a la lumbre para que el problema se resuelva. Pero como le digo, este problema no empezó este mes, es algo que se ha venido gestando con la complacencia de las autoridades, pues recordemos que los depredadores ambientales (sea agrícolas o inmobiliarios) han sido durante décadas los máximos mimados del gobierno.

Por otro lado, los policías en paro no podían saberlo. Esa escena en la que su dirigente dijo “compañeros, en un rato van a pasar dos inspectores gringos, bloquearemos para que se las hagan de jamón, se suspenda la exportación de aguacate y el gobernador quede mal parado ante AMLO y don Ken Salazar”, para luego soltar una risa malévola como de Mojo Jojo, jamás sucedió. Por otro lado, se supone que ni eran tantos, porque recordemos que el gobernador estimó en sólo 40 el número de agentes inconformes, así que culpar de este borlote agroempresarial y diplomático a una sola diputada priista que los acompañaba y a esos pocos policías en paro fue hasta injusto por parte del gobierno… ¿o hay algo que no nos están diciendo? Es cuánto.