Para nadie es secreto que, cada que la Unión Americana quiere algo, sólo le basta apretar un poquito para que el gobierno mexicano ceda.

Voy viviendo ya de tus mentiras,
sé que tu cariño nunca fue sincero.
Lucho Gatica.

Jorge A. Amaral

En esta semana Estados Unidos, antes que el gobierno mexicano, dio a conocer la lista de los 26 reclusos que fueron enviados a ese país a enfrentar a la justicia en inglés, porque con la que habla español de plano hacen lo que les da la gana. Al menos eso fue lo que el gobierno federal dejó ver.

Torciendo magistralmente el andamiaje legal en materia de extradición (por eso no podemos decir que los hayan extraditado), esos 26 reclusos ya están allá bajo la promesa estadounidense de no condenarlos a muerte, pese a los miles de muertes que entre todos acumulan sobre sus hombros al tratarse de líderes criminales de distinto rango, porque ninguno es un halconcillo o pollito de colores cualquiera.

Bueno, cualquiera hubiera pensado que este envío se daba como el anterior, para aliviar las presiones por la política arancelaria de Donald Trump, para conseguir una prórroga, para reducir la presión que Estados Unidos ejerce sobre México. Porque para nadie es secreto que, cada que la Unión Americana quiere algo, sólo le basta apretar un poquito para que el gobierno mexicano ceda y haga lo que se le pide a cambio de aflojar el nudo de la horca. ¿Recuerda usted ese juego infantil de “chiche roja, chiche blanca o chiche verde”, inocente, y divertido para unos y estresante para otros, dependiendo de a quién pellizquen las tetillas? Bueno, eso es justo lo que el gobierno de allá le hace al de acá (hablo en sentido estrictamente metafórico y diplomático, las glándulas de los funcionarios mexicanos están a salvo).

Pero resulta que no, que el envío de prisioneros, a decir del gobierno federal, fue por una cuestión de “seguridad nacional”, por supervivencia de algunos, por incompetencia de otros y por inexistencia de un verdadero Estado de derecho.

Según la presidenta y el gobierno que encabeza, esa decisión, cien por ciento soberana e independiente, libre de presiones extranjeras, se dio porque esos distinguidos 26 caballeros seguían operando desde sus celdas, dictando directrices para sus empresas, ordenando apercibimientos, llamados de atención y reprimendas a funcionarios públicos que, o no querían entrar a la nómina maldita o querían salirse del huacal. Todo ello, según el gobierno de México, a través de las visitas de familiares y abogados, que no les pueden prohibir por respeto a sus derechos humanos.

Esas declaraciones, tanto de la presidenta como de Omar García Harfuch, su súper policía, ponen al gobierno en una posición nada favorable, porque quiere decir que están admitiendo que se encuentran rebasados por los grupos criminales de todo el país, incluso aquellos que se creía desarticulados o reducidos a pequeñas células sin mayor impacto que el que tienen en uno o dos municipios.

Tener a la presidenta y el encargado de la seguridad pública nacional aceptando que esas personas aún ejercen sus actividades y controlan sus negocios ilícitos pese a estar recluidos, refleja que en las cárceles mexicanas sigue campeando la corrupción, que todo ese rollito de “atender las causas” y acabar con la impunidad y la corrupción es puro choro, porque ni el sistema penitenciario ha logrado evitar que un criminal siga delinquiendo, lo que lleva a que las víctimas de sus delitos, aun transcurridos años desde la captura de estos personajes, están muy lejos de tener la justicia que se merecen.

Imagínese usted que, por ejemplo, su hijo, su hija, su esposo o cualquier otro familiar una noche, un mal día, murió en el fuego cruzado de un enfrentamiento, o fue asesinado por no pagar la cuota o un día fue “levantado” y desde entonces usted ya no lo volvió a ver. Imagine usted que quien ordenó eso, quien dispuso mutilar a su familia quitándole a uno o más integrantes, está preso. Eso tendría que darle cierta tranquilidad al saber que por lo menos ya no hará daño, ya no destruirá más familias. Pero no es así porque esa persona sigue destruyendo vidas, sigue decidiendo quién muere según sus intereses, sigue generando dinero ilícito. Entonces el sistema de procuración e impartición de justicia no le está dando justicia ni a usted ni a las demás víctimas de ese delincuente, él no está pagando por sus delitos. El Estado mexicano no lo está castigando, sólo lo tiene resguardado de otros como él para que no le hagan nada. Eso tiene dos nombres que se complementan y que por lo mismo son codependientes: corrupción e impunidad. Y ambos son facilitados por un Estado fallido, débil, podrido, sometido a todo tipo de intereses ajenos al bien común.

Quiero pensar que la decisión de enviar a esas personas a Estados Unidos obedeció a los intereses comerciales y diplomáticos del gobierno para que Trump levante un poquito la bota que constantemente tiene sobre el cuello del gobierno de México. Y digo esto porque la presidenta enfatizó que había sido una decisión soberana, lo cual hace mucho ruido y puede levantar sospechas. En política no hay sorpresas, sólo sorprendidos.

Y es que es feo reconocer que el Estado mexicano está doblegado por el crimen, porque el haber mandado a Estados Unidos a esos líderes criminales por el motivo que indica el gobierno es señal de debilidad, es señal de que, si no pueden contener a los que se supone que ya tienen en sus manos, jamás van a poder hacer nada con los que aún andan sueltos por todo el país. Y lo que es peor: las víctimas de estos delincuentes jamás van a tener justicia.

En este punto ya uno no sabe si se preferiría una cruda e hiriente realidad o una mentira piadosa que ayude a mantener el optimismo. No sé si hubiera sido mejor que dijera “sí, a esos reos los ofrecimos en sacrificio para apaciguar la ira del dios arancelario”, en lugar de admitir la inoperancia gubernamental.

Y usted dirá que admitir esa derrota le saldrá caro al gobierno, que la opinión pública le pasará la factura. Basado en lo que hace días me dijo Bernardo León en una entrevista: “la seguridad no consigue votos, y el ejemplo lo tenemos en el actual gobierno”, no creo, porque si la inseguridad contara a la hora de votar por alguien, Claudia Sheinbaum no hubiera ganado la presidencia. Vaya, el gobierno puede aceptar una terrible verdad, pero ésta se pierde en un mar de mentiras: que los programas sociales reducirán la delincuencia, que hacer que se reproduzcan menos narcocorridos hará que la narcoviolencia baje, que realmente se están atendiendo las causas. Todo ello me hace pensar en Lucho Gatica cuando escribió: “Tú le has dado a mi vivir / la dicha con tu amor fingido. / Miénteme una eternidad que me hace tu maldad, feliz. / Y qué más da, si la vida es una mentira. / Miénteme más, que me hace tu maldad feliz”.

Por lo pronto ya están allá. Ahora hay que esperar las revelaciones que saldrán en los juicios. Pero también, dada la mansedumbre del gobierno mexicano, que ante su incompetencia ha decidido mandarlos para allá, hay que ver qué pasa con las organizaciones michoacanas que el gobierno de Estados Unidos ya sancionó y por cuyos líderes ya ofrece recompensa. ¿Desconfía usted de la actuación del gobierno de Michoacán? Basta con que Estados Unidos le apriete tantito los aguacates y verá cómo suceden las cosas. Al tiempo.

Cosas de bots

Mientras el presidente municipal de Morelia daba un flamante informe en el que se destacaron los logros en seguridad, en Villas del Pedregal (al poniente de Morelia) un hombre era ejecutado afuera de su casa y un sujeto asaltaba un banco en la avenida Camelinas (el sector brilloso de la ciudad). En ambos casos los delincuentes se fueron con rumbo desconocido. Por cierto, un detallito interesante: deben ponerse de acuerdo para activar a los bots aplaudidores: en la transmisión de la sesión de Cabildo ni siquiera se escuchaba nada, no habían siquiera activado el audio, y las focas ya estaban tirándole flores al alcalde y diciendo que todo lo dicho estaba perfecto.

Contratar a un drogadicto que canta lo que le sigue de horrible, mover bots en Facebook para hacer que la gente done artículos de gestión menstrual que el Estado no proporciona a niñas y mujeres en escuelas y edificios públicos o de sectores vulnerables, luego repartir los artículos y colgarse la medallita como si se estuviera saldando una deuda histórica: buena jugada del poderoso aparato de comunicación gubernamental. Es cuánto.