Ciudad de México. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación declararon este miércoles, en el inicio del paro nacional indefinido contra la reforma judicial promovida por el gobierno federal, que mantendrán la suspensión de labores de manera indefinida hasta lograr un diálogo con los poderes Ejecutivo y Legislativo.

El magistrado Luis Fernando Angulo Jacob dijo a EFE que el paro “no se levantará hasta que haya una verdadera de intención de escuchar el sentir y la preocupación de parte de los juzgadores”, y acusó de simulación los “supuestos diálogos” sobre la reforma judicial organizados por el partido gobernante, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“A los jueces y magistrados que participaban y tenían una posición crítica, les apagaban el micrófono, entonces realmente no se nos escuchó”, advirtió Angulo.

“Por lo pronto (vamos a) permanecer en paro hasta que seamos escuchados”, aseveró el magistrado integrante del segundo tribunal colegiado en materia Civil del primer circuito.

Además, Angulo consideró que las declaraciones del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, quien deja el poder el 30 de septiembre, y de la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, quien asume el poder el 1 de octubre, sobre la suspensión del salario a los trabajadores durante el paro se basan en el “desconocimiento”.

“Es desconocer el derecho a la manifestación y la defensa de los derechos. Precisamente ese derecho a la asociación, tiene como resultado que no se suspendan las percepciones, en cuanto dure una manifestación justa como esta”, afirmó el magistrado.

Plantón en Ciudad de México

En las afueras del Palacio de Justicia Federal San Lázaro, cerca de la Cámara de Diputados, en Ciudad de México, cientos de integrantes de la judicatura mantienen un plantón para expresar su descontento ante la reforma judicial propuesta por López Obrador, que busca elegir a los juzgadores e integrantes de la Suprema Corte por voto popular.

Oscar Alonso Yañez, coordinador técnico-administrativo en un órgano judicial, explicó a EFE que la base trabajadora del Poder Judicial, conformada por más de 50.000 personas, organizó el paro y plantón en San Lázaro desde el pasado lunes.

Agregó que al paro se sumaron este miércoles jueces, ministros y magistrados, mismo que se está replicando en distintas sedes en todo el país, en una acción denominada “Circuitos Unidos”.

Asimismo, afirmó que están contemplando otras acciones, sin afectar a la ciudadanía, como llevar una petición al Congreso esta misma tarde para solicitar formalmente un diálogo, pero descartó el cierre de vialidades.

“Una representación, en este caso, aquí en San Lázaro, que estamos a unos escasos metros, les vamos a llevar este escrito”, señaló.

A unos pasos, Alejandro Lozano, secretario de tribunal, sostuvo a EFE que las condiciones para levantar la suspensión de labores, es entablar un diálogo y “que la reforma que se presentó, se desista”.

“Sencillamente, es una reforma que se ha hecho en represalia a una institución que no ha favorecido los intereses de personas particulares”, consideró Lozano.

De las paredes de la mayor sede del Poder Judicial en la capital mexicana, en San Lázaro, cuelgan mantas con leyendas como: “¡Juzgar no es asunto de popularidad. Basta de mentiras. El Poder Judicial es un poder honesto!”.

Mientras que en las protestas, que se replican en todos los estados, se escucharon consignas como “¡Somos tres poderes y este te defiende!”, “¡Yo si trabajo, no hago mañaneras!”, y “¡Morena, entiende, la justicia no se vende!”.

Este miércoles, el presidente López Obrador aseguró que “no va a haber ningún problema” con la huelga nacional que comenzaron este miércoles los jueces y trabajadores del Poder Judicial contra la reforma del Gobierno para elegir por voto popular a jueces y a la Suprema Corte.

Los trabajadores judiciales están en contra de la reforma constitucional que el Congreso prevé aprobar en septiembre, cuando el oficialismo controle dos tercios de los escaños, porque argumentan que la elección popular de jueces afectaría la carrera judicial y permitiría la intromisión de partidos y el crimen.