Institutos electorales sin recursos
Yurisha Andrade Morales*
La reforma electoral de 2014 estableció el actual sistema nacional de elecciones integrado por los 32 organismos electorales de las entidades federativas bajo la coordinación del Instituto Nacional Electoral. En paralelo, para la revisión de la legalidad y constitucionalidad de sus actos, coexisten los tribunales electorales locales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un poderoso andamiaje institucional y procedimental para garantizar la autenticidad e integridad de las elecciones que permiten la renovación de los poderes públicos, así como la protección de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos.
Conforme con el diseño legal, los organismos electorales de los Estados, conocidos como OPL, gozan de autonomía constitucional, lo cual implica que no se encuentran subordinados a los gobiernos en turno y son independientes de los partidos políticos. No obstante, la normativa que los rige indica que los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento y para cubrir los costos de los procesos electorales deben ser autorizados por el correspondiente Poder Legislativo, en el caso del INE por la Cámara de Diputados y, por lo que se refiere a los OPL, por los respectivos congresos locales.
En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, periódicamente el INE presenta informes sobre la situación presupuestal de los organismos electorales locales, aspecto sobre el que he reflexionado con mis lectores en aportaciones anteriores. El último de estos informes corresponde a la sesión pública del miércoles pasado, el cual indica que, con diversos matices, las condiciones financieras de 24 organismos son aceptables, entre ellos el de Michoacán; mientras que en 8 casos la situación es muy complicada, siendo los de los Estados de: Zacatecas, Guerrero y Yucatán los más apremiantes, seguidos de Morelos, San Luis Potosí, Nuevo León, Colima y Quintana Roo.
Aún y cuando la problemática es diferente en cada caso, en el Informe puede advertirse que las causas están en los severos recortes presupuestales implementados por los congresos y gobiernos locales. Así, en el caso de Zacatecas, frente a los montos solicitados, se le aplicó una disminución del 53% y, pese a que se solicitaron ampliaciones presupuestales, no se tuvo respuestas favorables; en Yucatán, se aplicó un recorte del 26% y así en cada caso. Recordemos que 2024 ha sido un año especialmente complicado, porque en todas las entidades federativas se organizaron elecciones locales que fueron concurrentes con las federales, lo que implicó canalizar recursos públicos.
Más allá de que los estudiosos y especialistas interesados en estos temas pueden consultar los datos contenidos en el Informe del INE y profundizar en el análisis de cada caso, es un hecho que la autonomía administrativa de los organismos electorales es una asignatura pendiente que no se ha resuelto y que ha provocado que la organización de las elecciones locales se materialice con diversas carencias que siempre generan riesgos para el cabal desarrollo de los procesos electorales.
Sabemos que, al inicio de su mandato, la Presidenta de la República anunció su compromiso de impulsar la reforma electoral pendiente. Podemos tener coincidencia en el propósito expresado por la 4T de encontrar fórmulas que logren disminuir los costos de las elecciones y, en general de la política, pero es necesario hacer una evaluación objetiva sobre el rol y resultados que los organismos electorales han ofrecido al país, así como de la necesidad de preservarlos y fortalecerlos para una organización profesional de las elecciones.
Los organismos electorales, administrativos y jurisdiccionales, son esenciales para la salud de la democracia en nuestro país. Significan una garantía de imparcialidad en la transmisión periódica del poder público y no un esquema de polarización. Su existencia y funcionamiento requiere de mantener su independencia y autonomía, pero también el compromiso de dotarlos de los recursos necesarios que les permitan ejercer las atribuciones constitucionales que tienen asignadas, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de la ciudadanía.
* Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
