INAI: garante del derecho a la información

Yurisha Andrade Morales*

Desde enero de 2003 y hasta 2007, la entrada en funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI, antes IFAI y las 32 comisiones estatales de transparencia se convirtieron en las instituciones garantes de acceso a la información que generan poco más de 860 instituciones públicas y privadas a nivel federal y más de 7 mil 700 de los ámbitos estatal y municipal. Hoy, la plataforma nacional de transparencia contiene más de 15 mil millones de archivos con información sobre el ejercicio de los recursos públicos y con datos personales. El sistema en su conjunto pasó de atender 24 mil solicitudes anuales de acceso a la información en el periodo del expresidente Vicente Fox a más de 400 mil en el último año del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La promulgación de la legislación de transparencia, en ese lapso de cinco años y las subsecuentes reformas que la fortalecieron, adquirió un significado especial y se convirtió en un impulso a la eficiencia de los aparatos del gobierno y en la implementación gradual, ciertamente inconclusa, de estrategias en contra de la corrupción. Lo cierto es que, con los mecanismos de transparencia, los servidores públicos salieron de su burbuja de control autodefinido del dinero público, a un esquema donde todos los movimientos de su gestión pueden ser auditados. 

Visto en perspectiva, el novedoso mecanismo para garantizar transparencia fue un punto de quiebre del modelo burocrático tradicional de gestión opaca, cerrado a la sociedad y que nunca rendía cuentas. En poco más de dos décadas el modelo empezó a demostrar que a mayor transparencia y rendición de cuentas es menor la posibilidad de desvíos del dinero de todos y todas. El régimen político mexicano entró en una etapa transicional caracterizada por la ampliación de derechos de todas las personas, con reglas y autoridades que garantizan elecciones auténticas y creíbles y con una incesante búsqueda de la igualdad sustantiva.    

En el tránsito de la democracia a la generación de buenos gobiernos, la transparencia se convirtió en una herramienta para erradicar la desconfianzageneralizada sobre el comportamiento de las instituciones públicas y para impulsar mejoras continuas en el diseño e implementación de políticas públicas.En este lapso, la ecuación ha consistido en que las agencias públicas rinden cuentas para justificar sus decisiones ante sus votantes y se transparentan, como en una caja de cristal, para ser revisadas por la sociedad interesada que, en caso de anomalías, puede impulsar los correctivos necesarios.

El modelo funcionó y estuvo vigente, con resultados razonablemente positivos, en escasas dos décadas. Las reformas constitucionales recientes que han cancelado a siete organismos autónomos, entre ellos al INAI, regresa facultades a diversas instancias del gobierno abriendo múltiples interrogantes sobre las garantías al ejercicio de derechos que ofrecían estas instancias y, de manera relevante, sobre la protección de datos personales.

En mi opinión, sería deseable que los avances democráticos impulsados por la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas no se pierdan en el regreso a una gestión pública que no aporte datos, los oculte o los niegue, para evaluar su desempeño o para saber cómo se ejerce el dinero público. Una de las fortalezas consustanciales a las democracias modernas está en la posibilidad de observar por dentro a todas las estructuras que, de una u otra manera, funcionan con recursos públicos, a saber, qué decisiones toman y cómo las procesan.

Para la implementación de las reformas constitucionales ya aprobadas se enfrentarán múltiples retos para garantizar los derechos laborales de los trabajadores de los organismos garantes, pero también, para dejar a salvo los logros que son tangibles en la historia reciente de nuestra democracia. 

* Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán

@YurishaAndrade