Redacción / La Voz de Michoacán

La reforma judicial aprobada en México permitirá elegir por voto popular a más de 1,600 jueces federales, generando preocupaciones sobre la creciente infiltración del crimen organizado en el sistema judicial.

El pasado 5 de noviembre, el Tribunal Supremo de México desestimó un fallo que buscaba limitar el alcance de la reforma que había sido aprobada en septiembre de 2024. En su lugar, aprobó el presupuesto para la primera ronda electoral que tendrá lugar en junio de 2025. La reforma también plantea cambiar el modelo de nombramiento actual basado en exámenes profesionales a un sistema de elección popular, que a su vez reduce los requisitos necesarios para ocupar cargos judiciales.

InSight Crime habló con Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), una organización sin ánimo de lucro con experiencia en materia de seguridad ciudadana, justicia y paz, quien analizó los riesgos que presenta la reforma para los casos judiciales en el país y la posible infiltración del crimen organizado en el poder judicial.

InSight Crime (IC): ¿Cuáles son los posibles impactos que se pueden dar en el panorama del crimen organizado una vez se implemente la reforma?

Lisa Sánchez (LS): La reforma judicial no está pensada para realmente dar solución a los problemas de corrupción, nepotismo, impunidad, y austeridad. Tiene muchos cambios normativos y técnicos que van a tener impactos negativos en el tema de delincuencia organizada.

La reforma judicial contraviene abiertamente los principios sobre los cuales funciona el sistema penal acusatorio en México, que establece que cuando un caso alcanzó su fase de juicio oral y está frente a un juez, ese juez no puede ser removido del caso a la mitad del juicio. Si el juez es removido a la mitad del juicio, entonces el caso tiene que volver a empezar. Y eso, en el fuero federal, que es en donde se va a implementar la reforma, podría afectar los casos penales que tengan que ver con delincuencia organizada: extradiciones, desapariciones, secuestros, narcotráfico, corrupción, peculado, etc.

También nos preocupa que se debiliten los tribunales civiles. Vemos que la reforma valida que las cuatro Fuerzas Armadas Mexicanas, incluida la Guardia Nacional, participen en seguridad pública y sus tribunales tengan jurisdicción militar. En ese sentido, puede haber aún más dificultad de sancionar el uso excesivo de la fuerza, los propios delitos y la colusión de delincuencia organizada que involucren a las fuerzas de seguridad. Además, el sistema tendrá muchos procesos que se van a tener que reiniciar, y que hará que los tribunales militares obtengan mayor capacidad de aumentar su jurisdicción.

Finalmente, al eliminar los requisitos de carrera judicial, eliminará la capacidad técnica para abordar los casos. Entonces, el resultado es una desprofesionalización absoluta del Poder Judicial.

IC: ¿Cree que la medida de los jueces sin rostro es apropiada para algunos casos de crimen organizado?

LS: La autorización de la figura de los jueces sin rostro se ha utilizado en distintos contextos, con resultados mixtos. Se podría decir que en Italia fueron relativamente exitosos, mientras que en Perú fueron desastrosos.

Esta figura se puede prestar para arbitrariedades, aún más para corrupción, porque contraviene el principio de elección directa del ciudadano al anonimizar a ese juez. Además, son pocos los jueces penales federales, lo cual hace fácil llegar a la identidad del juez, así que es improbable que funcione como un mecanismo de protección de jueces. No creemos que esta figura sea positiva para México. Es irrisorio pensar que la delincuencia organizada, sobre todo en el nivel de colusión gubernamental que ha alcanzado, no va a poder llegar a la lista de nombres de los jueces y seguir amenazándoles como lo hacen ahora. Lo que sí va a pasar es que las víctimas no van a poder llegar a la identidad de esos jueces para saber si deben excusarse por conflicto de interés u otro impedimento.

IC: ¿Cómo podría evolucionar el panorama de corrupción en el sistema judicial con la reforma?

LS: Hay más oportunidades para la corrupción, no solo en el tema de las campañas, sino en el hecho, por ejemplo, de que las listas de candidaturas se validan por un proceso político. El Legislativo, Ejecutivo y Judicial son quienes postulan estas listas. Entonces las postulaciones no son abiertas, sino que son validadas por actores políticos que pueden responder también a intereses criminales. El ciudadano lo único que va a saber es quién nominó a ese candidato y por qué circuito va, pero no tiene ninguna forma de mantener ningún tipo de escrutinio sobre a quién se eligió.

IC: ¿Qué medidas tiene la reforma para prevenir la corrupción en las campañas?

LS: No tiene ninguna, porque lo único que dice es que los jueces podrán hacer campaña y acceder a tiempos de medios de comunicación sin recibir financiamiento público. Sin embargo, no hay ningún tipo de reglamentación y no hay ningún tipo de candado para que un juez no pueda recibir dinero de un cartel, o de un empresario. En ese sentido, las únicas alternativas posibles para los jueces, si quieren hacer campaña, son: poner dinero propio o poner dinero de alguien que esté dispuesto a apoyarlo de forma irregular para financiar la campaña.

IC: En términos de crimen organizado, ¿qué necesita México que no se está solucionando con la reforma?

LS: Enfrentar el problema de las fiscalías. Tenemos muy pocos datos sobre el funcionamiento de las instancias de procuración de justicia, y, aun así, generan desesperanza. Nueve de cada diez casos no se denuncian, de los que sí se denuncian, solo un 0,6% se investiga. Del 0,6% que se investiga, solo el 10% llega a resoluciones. Y ese mensaje de impunidad es el más grave. El censo de Justicia del INEGI muestra que los números son alarmantes: dice que las fiscalías no solo no logran resolver los casos que ya tienen en rezago, sino que cada año acumulan 60 mil casos.