Estas sanciones llegan después del gobierno de EE.UU. reconociera a González Urrutia como el «presidente electo» de Venezuela.
El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra 21 altos funcionarios de Venezuela, acusándolos de participar en actos de represión y de manipulación electoral para favorecer al régimen de Nicolás Maduro.
Entre los sancionados se encuentran figuras clave del régimen, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad, funcionarios electorales y otros altos cargos gubernamentales.
Ya que por esta ronda de sanciones llega después de que la Administración de Joe Biden, que el próximo 20 de enero pasará el relevo al republicano Donald Trump, reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como el “presidente electo” de Venezuela.
Las sanciones congelan cualquier activo que estas personas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos o empresas de EE. UU. realizar transacciones con ellos, esta decisión se toma al responder a las denuncias de fraude en las elecciones venezolanas y al uso de la fuerza contra opositores políticos y manifestantes.
“Estados Unidos está comprometido con apoyar al pueblo venezolano en su lucha por la democracia”, afirmó un portavoz del Tesoro, quien además enfatizó que estas acciones buscan presionar al régimen de Maduro para que restaure el orden democrático.
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Estados Unidos reconoció en agosto a González Urrutia como el ganador de las elecciones debido a la “abrumadora evidencia” de su victoria, y el 19 de noviembre lo nombró por primera vez como “presidente electo”.
Las autoridades estadounidenses instaron a la comunidad internacional a adoptar medidas similares y a redoblar esfuerzos para aislar al régimen venezolano, acusado de perpetuar una crisis política, económica y humanitaria. Por su parte, el gobierno de Venezuela calificó las sanciones como un acto de «intervencionismo» y prometió responder con «acciones contundentes».
Esta nueva ronda de sanciones se suma a una larga lista de medidas impuestas por EE. UU. en los últimos años contra funcionarios y entidades vinculadas al régimen chavista. La comunidad internacional permanece atenta a las repercusiones de esta decisión, en medio de la continua crisis que vive Venezuela.
Fuente: LÓPEZ-DÓRIGA
