El Gobierno de EE.UU. consideró que la ratificación por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela del triunfo de Nicolás Maduro durante las elecciones presidenciales el pasado 28 de julio no es algo creíble.
«Esta resolución carece de toda credibilidad dada la abrumadora evidencia de que González recibió la mayoría de los votos», comentó en un comunicado el Departamento de Estados en referencia al candidato opositor venezolano, Edmundo González Urrutia.
También se destacó que las actas «disponibles públicamente y verificadas de forma independiente muestran que los votantes venezolanos eligieron a Edmundo González como su futuro líder».
«Hay que respetar la voluntad del pueblo venezolano. Ahora es el momento de que las partes venezolanas comiencen a hablar sobre una transición pacífica y respetuosa de acuerdo con la ley electoral venezolana y los deseos del pueblo venezolano», aseguró el Departamento de Estado.
El TSJ, fue controlado por los magistrados afines al chavismo, confirmó este jueves que en cuanto los cuestionados resultados de las elecciones de julio le dieron la victoria a Nicolás Maduro.
Por lo tanto, su fallo, con el cual la corte concluye de manera «inequívoca e irrestricta» la revisión de las elecciones, se genera 22 días después de que el propio Maduro solicitara dicho proceso, a través de un recurso de amparo el cual no se conoció y por el que fueron convocados al TSJ los 10 excandidatos presidenciales.
Mientras tanto, el Ejecutivo estadounidense señaló este viernes que «los continuos intentos de reclamar fraudulentamente la victoria de Maduro sólo exacerbarán la crisis actual», incluso pidió a Maduro «liberar a quienes han sido detenidos por ejercer su derecho a la libre expresión».
«Estados Unidos y la comunidad internacional seguirán defendiendo a los votantes venezolanos, cuya voluntad y derechos han sido socavados de forma continua desde el 28 de julio. Estamos dispuestos a apoyar un proceso inclusivo liderado por Venezuela para restablecer las normas democráticas», finalizó el Departamento de Estado.
Fuente: López-Dóriga