Morelia, Michoacán
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla advirtió sobre el riesgo que representa la posible eliminación de la prisión preventiva en México, debate que se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En el marco de la inauguración de la Primera Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, celebrada en Morelia, el mandatario estatal fijó postura sobre el debate que podría tener profundas implicaciones en la seguridad pública de todo el país.
“Está en riesgo la seguridad nacional”, enfatizó el gobernador Ramírez Bedolla Bedolla, al tiempo que expresó su compromiso con la lucha contra la impunidad y la defensa de la justicia en el país. La discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la prisión preventiva ha generado preocupación en el ámbito estatal y nacional.
El mandatario estatal refirió que, en caso de que la SCJN decida eliminar la prisión preventiva, alrededor de 65 mil presuntos delincuentes, incluyendo secuestradores, feminicidas y homicidas, podrían obtener su libertad de manera inmediata en todo el país. En el caso específico de Michoacán, se estima que alrededor de seis mil individuos serían beneficiados con esta medida, lo que representaría una seria amenaza para la seguridad y el orden público en la entidad.
“De ese nivel es la gravedad”, advirtió Bedolla, destacando la importancia de mantener la prisión preventiva como una herramienta efectiva para combatir la criminalidad y garantizar la seguridad de la ciudadanía. Ante la posibilidad de que se opte por reducir el alcance de esta medida, el gobernador convocó a los fiscales a redoblar esfuerzos en cada caso para evitar que se liberen a miles de delincuentes peligrosos.
La SCJN considera inaplicar la prisión preventiva oficiosa debido a que vulnera derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y la integridad personal. Esta medida se propone en respuesta a una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que condenó a México por violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos al mantener el arraigo y la prisión preventiva oficiosa en el caso García Rodríguez y otro vs México.
