Explorando cómo la Reforma Judicial en México podría cambiar las elecciones judiciales.

La propuesta de Reforma al Poder Judicial ha generado protestas y paros en México, con lemas como “Los foros fueron pura simulación”, “Sí a la carrera judicial, no al voto popular”, “¡Juzgar no es asunto de popularidad!”.

La idea del voto directo y popular, esencial en esta reforma, es ampliamente debatida por el riesgo de politizar la justicia. ¿Cómo afectaría esto a las elecciones de jueces y magistrados? Aquí lo analizamos.

¿Cómo se seleccionarán los jueces con la Reforma Judicial?

La reforma propone una revisión completa del Artículo 96 de la Constitución, eliminando la presentación de ternas y las discusiones en el Senado para la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por parte del Presidente. En cambio, sugiere que las candidaturas para jueces y magistrados sean aprobadas por los Tres Poderes y luego sometidas al voto público.

El proceso comenzaría con una convocatoria del Senado, detallando etapas, fechas y cargos a elegir, establecidos por el Órgano de Administración Judicial. Cada poder propondrá candidatos tras un proceso de evaluación y selección previo.

¿Quién puede postularse?

Cada entidad tendrá autonomía para seleccionar a sus candidatos, quienes deberán cumplir con los requisitos de las vacantes, presentar un ensayo de motivación y cinco cartas de referencia “de vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad”. Un Comité de Evaluación conformará dos listas de candidatos mejor calificados para cada cargo, que luego serán ajustadas y aprobadas por los representantes de los tres poderes antes de enviarlas al Senado.

¿Cuántos candidatos serán?

Cada Poder de la Unión filtrará sus candidaturas según lo permitido por la Reforma Judicial. Por ejemplo, para la SCJN y otras altas cortes, cada poder puede nominar hasta tres candidatos por cargo.

Campañas políticas… ¿de jueces?

Las candidaturas finales se presentarán al Senado y al INE para organizar las elecciones. Los candidatos tendrán acceso igualitario a medios y foros de debate, pero estará prohibido financiar campañas o hacer proselitismo político.