El sector zapatero de Guanajuato ha solicitado formalmente al gobierno federal su exclusión del programa de importaciones temporales IMMEX en un esfuerzo por combatir la competencia desleal derivada del uso indebido de este esquema. La petición es encabezada por Juan Carlos Cashat, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (Ciceg).

Cashat explicó que, aunque el programa IMMEX está diseñado para facilitar la importación de insumos que luego deben ser transformados y exportados, algunas empresas han estado introduciendo calzado ya terminado, aprovechándose de los beneficios fiscales para luego vender estos productos en el mercado nacional sin pagar impuestos correspondientes.

El tema cobró mayor relevancia después de que la Secretaría de Economía federal, dirigida por Marcelo Ebrard, anunciara la congelación de cuentas bancarias de ocho empresas: cinco del sector textil y tres del sector calzado, acusadas de realizar importaciones fraudulentas por un valor de 24 mil millones de pesos. La medida fue dada a conocer durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según Ebrard, estas compañías incurrieron en operaciones simuladas para evadir el pago de impuestos, y ya están siendo investigadas penalmente por la Fiscalía General de la República. Los nombres de las empresas y sus ubicaciones no fueron revelados por las autoridades.

Juan Carlos Cashat reconoció la contundencia de la acción federal y aseguró que las empresas sancionadas representaban cerca del 80% de las importaciones ilegales vía IMMEX en el sector del calzado. Reiteró que la única manera de detener este problema de raíz es que el producto terminado en este caso, el calzado quede completamente excluido del programa.

Las cifras reflejan la magnitud del desafío: mientras que en 2022 se registraron importaciones de tres millones de pares de calzado terminado bajo el esquema IMMEX, esa cifra se disparó a 15 millones en 2023 y alcanzó los 40 millones en 2024.

La Ciceg lleva más de un año solicitando mayores controles sobre el programa IMMEX, alertando sobre el impacto negativo que estas prácticas ilegales tienen en la industria nacional. La reciente intervención federal, aunque celebrada por el gremio zapatero, refuerza la necesidad de cambios estructurales para proteger la competitividad del calzado mexicano.

Fuente: Milenio