Lorena Cortés

La evolución de la policía en México ha sido un proceso de adaptación y profesionalización con ciclos de reforma: nuevas instituciones, intentos de coordinación y olas de recentralización. Esa historia hoy abre un capítulo distinto: el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) volvió a colocarse en el centro de la discusión , no como ceremonia, sino como mesa real de decisiones.

En la sesión más reciente del Consejo, presidida porla Presidenta  Claudia Sheinbaum, y el Secretario Omar García Harfuch fue categórico: si queremos seguridad sostenible, hay que fortalecer a las policías estatales y municipales. El dato es demoledor: el 96% de los delitos son del orden local; solo 4% corresponde al fuero federal ligado al crimen organizado. En otras palabras: la seguridad se juega en el municipio, con policía de proximidad y primer respondiente; no solo en despliegues nacionales o militares. Ese énfasis vino acompañado de un hecho político notable: asistieron los 32 gobernadores, incluida la oposición, y hubo reconocimiento explícito a la diferencia de estrategia frente al sexenio anterior.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) nació para coordinar a Federación, estados y municipios y para distribuir competencias. Lo mandata el artículo 21 constitucional y lo reglamenta la Ley General del SNSP. El CNSP es su órgano máximo y el Secretariado Ejecutivo es el brazo técnico que da seguimiento a sus acuerdos. Entre las atribuciones formales del Consejo están establecer instrumentos, políticas integrales y lineamientos y emitir acuerdos generales para el funcionamiento del Sistema.

Que el Consejo vuelva a pesar importa por dos razones: UNO, ahí se sientan los tres poderes y los tres órdenes de gobierno; y DOS, sus acuerdos pueden ordenar prioridades y amarrar corresponsabilidades, en lugar de atomizar programas o multiplicar ocurrencias locales. Ese fue el espíritu original del SNSP en 1994. 

Conviene decirlo con todas sus letras,  en practicamente todos los estados, los Secretariados de seguridad se volvieron oficinas de adquisiciones antes que centros de política criminal basada en evidencia. Se apostó a la securitización (más patrullas, más cámaras, más contratos) y poco a la gestión de capacidades (profesionalización, estándares de patrullaje, investigación criminal, analítica). Todo lo anterior sin mecanismos de rendición de cuentas.

El papel de los alcaldes es crucial porque son ellos quienes tienen en sus manos la primera línea de la seguridad ciudadana. Sin embargo, gobiernan pensando en la próxima elección y no en la construcción de instituciones que sobrevivan a su trienio. La seguridad no puede depender de ocurrencias ni de proyectos de tres años, requiere continuidad, profesionalización y un verdadero servicio civil de carrera que dé estabilidad a las corporaciones.

Además, los alcaldes deben asumir la responsabilidad de reconocer sus errores, porque la autocrítica construye confianza en la ciudadanía y marca la diferencia entre un liderazgo frívolo y uno auténticamente institucional.

El problema se agrava con aquellos alcaldes que se asumen como una marca política, alimentada por el ego y por la ilusión de que la autoridad moral se gana con votos, likes y popularidad y no con resultados. Esa concepción distorsiona la función pública, convierte el gobierno municipal en una plataforma personal antes que en un espacio de construcción institucional. Gobernar desde el ego es efímero; gobernar desde las instituciones es lo único que hace sostenible un modelo de gobernanza ciudadana.