Horacio Erik Avilés Martínez

Gobernar es evaluar y ser evaluado. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) fue desde su creación en 2005, un órgano público fundamental en la arquitectura gubernamental mexicana para garantizar el derecho al desarrollo social, evaluar las políticas públicas y medir de manera técnica, objetiva y autónoma la pobreza. Surgió a raíz de la Ley General de Desarrollo Social con un mandato claro: proveer de diagnósticos certeros para guiar las políticas sociales basadas en evidencia.

El CONEVAL realizaba una labor profunda y estratégica: analizaba e interpretaba información confiable, accesible y pública sobre las carencias sociales y las condiciones de vida de millones de mexicanos, y evaluaba el desempeño de los programas y políticas públicas, sin importar qué partido estuviera en el poder.

Entre las funciones más relevantes del CONEVAL estaban medir la pobreza a partir de una metodología multidimensional que incluía ingreso, acceso a servicios, educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación; así como evaluar programas sociales federales y estatales; publicar estudios, informes y recomendaciones sobre política social; generar información técnica independiente que sirviera como contrapeso a los discursos políticos y fortalecer las capacidades institucionales en evaluación y uso de evidencia.

Gracias a ello, CONEVAL se convirtió en un referente obligado en la medición multidimensional de la pobreza, por lo que colaboró con organismos multilaterales y gobiernos de todo el mundo.

Entre los trabajos más importantes del CONEVAL destacaron los informes de evolución de la pobreza en México, publicados cada dos años, que mostraban con claridad los avances y retrocesos a nivel nacional y por entidad federativa; las evaluaciones específicas de programas sociales clave, como Prospera, Seguro Popular, 65 y Más, y más recientemente, los programas-insignia del lopez-obradorato: Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, y Becas Benito Juárez; así como estudios sobre acceso efectivo a derechos, salud, educación y seguridad social; a la par que informes del impacto de la pandemia de COVID-19 en los niveles de pobreza, revelando que en 2020 el número de personas en pobreza aumentó en 3.8 millones. Así también, la estimación del enorme impacto en la pérdida de servicios de salud por la desaparición del Seguro Popular.

En materia educativa, el CONEVAL demostró que la pobreza es un factor estructural que impide el ejercicio pleno de los derechos de todas las niñas, niños y jóvenes a estar, aprender y participar en las escuelas en las mejores condiciones posibles. El Consejo identificó que millones de niñas, niños y adolescentes abandonaban la escuela orillados por la falta de recursos y que los programas socioeducativos y compensatorios eran un factor clave para sostener la permanencia escolar, hasta alcanzar trayectorias educativas completas.

Durante el sexenio pasado, el CONEVAL enfrentó constantes tensiones con el presidente, quien en su narrativa de combate a los “organismos autónomos costosos e inútiles”, desacreditó reiteradamente al Consejo. En 2019, cesó abruptamente al entonces secretario ejecutivo. Desde entonces, el gobierno federal desfinanció progresivamente al organismo, redujo sus capacidades operativas y marginó sus hallazgos, especialmente aquellos que cuestionaban la eficacia de los programas sociales del régimen. Particularmente grave fue la controversia que generó CONEVAL cuando evidenció que los programas sociales de la 4-T, aunque bien intencionados, no estaban focalizados ni evaluados adecuadamente, y que su efecto real sobre la pobreza era incierto.

El 18 de junio de 2025, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual se extingue el CONEVAL como órgano autónomo con personalidad jurídica propia, pasando sus funciones al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Si bien, se alegan “simplificación administrativa”, “austeridad republicana” y “evitar duplicidad de funciones”, en el fondo se trata de una decisión profundamente política: desmantelar uno de los pocos contrapesos técnicos al régimen en materia de política social.

Aunque el INEGI es un organismo sólido y respetado, no hace evaluación de política pública ni genera recomendaciones técnicas en materia de desarrollo social. El INEGI produce datos, no evalúa programas ni analiza su impacto.

Con la desaparición del CONEVAL se pierde una instancia independiente de evaluación, desaparecen las recomendaciones sobre diseño y operación de programas, se debilita la rendición de cuentas del presupuesto social y se obstaculiza el seguimiento a la garantía de derechos como salud, educación o alimentación.

El INEGI seguirá recopilando datos que, al procesarse estadísticamente pueden dar idea respecto a la pobreza, pero no evaluará la política social ni formulará diagnósticos integrales. Esto rompe la continuidad de la medición multidimensional de dos décadas y opaca la transparencia en los resultados de gobierno. Con esto, pierde México, pierden las niñas, niños y jóvenes, especialmente los más marginados; pierden las y los ciudadanos que demandan políticas efectivas y con resultados medibles. Pierde la democracia.

La extinción del CONEVAL beneficia únicamente a quien busca evitar la crítica técnica y reducir todo el debate público a propaganda. Constituye un acto de debilitamiento del Estado evaluador, del Estado transparente y del Estado responsable.

Eventualmente, el poder ejecutivo o el legislativo deberían de entrar en razón y coadyuvar para revertir el decreto o establecer mecanismos para que el INEGI asuma, con los recursos y las capacidades necesarias, las funciones de evaluación social y de figura ciudadana de vigilancia y monitoreo de la política social. Así, podrán ser evaluados los programas sociales de manera periódica e integral.

Paralelamente, las universidades, los medios de comunicación, los institutos de investigación, las organizaciones de la sociedad civil, los tanques de pensamiento y ciudadanos en general tienen ahora sobre sus hombros asumir, con recursos e iniciativa propia la tarea que el gobierno abandona, al ejecutar una decisión política y regresiva.

México necesita más evaluación, más transparencia, más evidencia, no menos. La política social sin evaluación es una receta para la ineficacia, la corrupción, el despilfarro y la impunidad, pudiendo pervertirse el combate a la pobreza en un instrumento de poder sin rendición de cuentas. El estado que guarda la vivencia de los derechos humanos de millones de personas que viven en pobreza y merecen ser visibilizadas, atendidas y respetadas, en aras de defender la verdad, la técnica y la justicia social para generar más desarrollo humano incluyente, con bienestar integral, distribución del ingreso y disponibilidad transgeneracional de los recursos, para que exista sostenibilidad de nuestra nación y nuestra sociedad en particular.

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Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C