Mirador Ambiental

Están en curso las pláticas preliminares para un nuevo o la posible renovación del acuerdo comercial con los países del norte. Es sabido que no solo se aprueban cláusulas, a secas, que norman los intercambios comerciales, sino que junto a ellas se discuten y se aprueban parámetros éticos que le deben dar legitimidad a la manera en que se comercia.

La agresividad proteccionista del gobierno estadounidense, sin embargo, es un obstáculo para que el nuevo acuerdo se firme bajo las mismas condiciones con las que se signó el T-MEC de noviembre de 2018. Debido a ello es previsible que los parámetros éticos que le den sustento al nuevo, en caso de que se firme, sean notoriamente distintos.

El T-MEC 2018 contiene un capítulo dedicado a las condiciones medio ambientales que se exigen a los productos que son materia de comercio. Ese capítulo es el 24 y pretendió que el comercio tuviera un compromiso con el medio ambiente. En él se indica con claridad la referencia a la protección de la flora y la fauna, y en uno de sus apartados especifica la no deforestación, la no contaminación y la sostenibilidad de la producción. Por desgracia no siempre fue así.

Los criterios del cuidado medio ambiental, como marco ético para la realización del comercio, no obstante, han estado y seguirán estando sujetos a los cuestionamientos sobre la verdad objetiva del cambio climático y el calentamiento global, en general, y en particular, a las percepciones ideológicas que suelen construirse sobre los fenómenos climáticos regionales que involucran la deforestación, el cambio de uso de suelo, la muerte de ecosistemas y la desaparición de zonas de infiltración y de humedales; percepciones casi siempre tendenciosas y glorificadoras de los actores económicos.

La postulación desde los estrados políticos y los lobbys de las grandes empresas de que el cambio climático no existe o de que el cambio de uso de suelo no tiene mayores consecuencias, para con ello legitimar la producción que se genera a costa de prácticas ecocidas, e incluso también negando otro parámetro ético, como el que tiene que ver con el respeto a la vida, las libertades y el ejercicio de la democracia, para igualmente certificar los productos que pudieran tener esa huella, están determinados por el interés económico antes que por un argumento científico o realista, sin más.

Hasta ahora hay evidencia de que al menos en Estados Unidos y en México existen empresas que cabildean con intensidad y desarrollan estrategias de comunicación para que los parámetros éticos sean los más laxos posibles; para que la comercialización se haga sin que sean obstáculo la crisis climática ni la crisis de derechos humanos.

En México, por ejemplo, el poderoso sector aguacatero que ha crecido a costa de los bosques, sus ecosistemas y sus aguas, se ha empeñado en relativizar los estudios científicos que demuestran la insostenibilidad de tal producción, tal y como hoy se practica, y en menospreciar el impacto del cambio de uso de suelo, la deforestación y el acaparamiento de aguas.

El lobby del interés aguacatero, a sabiendas de que la verdad objetiva acecha desde la realidad, ha logrado subordinar a la Semarnat y a la Sader para obtener un decreto ilegal que pisotea la constitución y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el que les autorizan la recategorización de la realidad, es decir, que sólo se nombre como deforestación y cambio de uso de suelo el ocurrido después del 2019 y se amnistíe los cientos de miles de hectáreas devastadas por la expansión aguacatera, como si con ello la deforestación dejara de existir.

La desesperación de los aguacateros ilegales por ajustarse a los parámetros éticos que pudieran exigirse con el nuevo T-MEC y el afán complaciente de la Semarnat para proteger a un producto con huella ecocida y nicho financiero del crimen organizado, se alinearon para pisotear el derecho humano a un medio ambiente sano que establece nuestra constitución.

La verdad objetiva, la que se desprende de la observación de la realidad ampliamente documentada por los sistemas satelitales aparecerá siempre como testimonio indeleble que cuestionará, les guste o no, la farsa de que el aguacate michoacano no proviene de la deforestación y del cambio de uso de suelo.

A esta perversa estrategia de edulcorar la realidad sólo le hace falta la promoción, desde el gobierno, de un consejo consultivo con personalidades “prestigiosas” dispuestas a lavarle la cara al aguacate con una inmensa propaganda en nombre del progreso, del desarrollo y del medio ambiente.

Hasta dónde los parámetros éticos en las negociaciones con Estados Unidos y Canadá, serán los protagonistas más relevantes, sólo se sabrá a partir del interés económico y político que cada gobierno ponga sobre la mesa. Hay información que hace temer que les valdrá un soberano cacahuate, que cada uno pondrá en la mesa su dosis singular de proteccionismo nacionalista y que pesará más su interés geopolítico antes que la ética.

Todo apunta a que el destino comercial del aguacate ecocida se discutirá más como moneda de cambio para abordar otras agendas, como la de los cárteles terroristas, la seguridad y las drogas. Es muy ingenuo creer que al gobierno estadounidense le podrán vender el engaño de que todo su aguacate está libre de deforestación; ellos en un instante pueden mostrarle al gobierno de México la magnitud de la deforestación con evidencias satelitales, expresadas en números.

Puede ser que el decreto mexicano que otorga amnistía a la deforestación y al cambio de uso de suelo los haga quedar en ridículo. Después de todo la verdad ambiental sigue estando ahí.

El autor es analista político, experto en temas de Medio Ambiente, e integrante del Consejo Estatal de Ecología.