Morelia, Michoacán

Morelia va por la regulación de las empresas boleteras que operan desde la Internet y las redes sociales para vender pases para eventos públicos masivos, afirmó el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva.

En entrevista, explicó que Morelia dispone de un reglamento de espectáculos públicos masivos, que norma aspectos como los permisos necesarios para llevar a cabo estas actividades, los aforos, la seguridad en el evento y la prohibición de música que haga apología del delito.

Sin embargo, no se tiene regulación aplicable a las boleteras que laboran desde el entorno digital, lo que lleva a que comiencen la promoción de eventos públicos masivos y la venta de boletos aún sin contar con los permisos requeridos.

Reiteró que Morelia adolece de un reglamento en la materia, una carencia que se prevé solventar con un proyecto de normatividad que está en marcha de elaboración, pronto a culminar, a fin de ser presentado, analizado y, en su caso, aprobado, por el Cabildo de Morelia.

La pretensión es que las boleteras electrónicas no den inicio a la promoción y venta de boletos sin antes tener las autorizaciones exigidas por la ley.

Y es que, explicó Benítez Silva, inversionistas de estos eventos y público que adquiere boletos se arriesgan a perder sus recursos en caso de no lograr promotores y organizadores la autorización para efectuar el evento.

Recientemente, desde las redes sociales se ha promovido el concierto de Natanael Cano, para el próximo 21 de noviembre, en el estadio Francisco Villa, con costes de 850 a cuatro mil 500 pesos, a través de la plataforma Arema.

Ello, a pesar de que los organizadores y promotores no han solicitado los permisos necesarios ante la autoridad local.

Más aún, indicó el secretario del Ayuntamiento, Natanael Cano ha popularizado temas que se consideran apología del delito, por lo que su interpretación pública está prohibida en Morelia y en Michoacán.

Para Natanael Cano presentarse en Morelia, se precisaría que los promotores y organizadores del concierto dieran a conocer a la autoridad un listado de las canciones a incluir para su revisión, recibir inspección in situ y pagar una garantía que asegure la no interpretación de temas que hagan apología del delito.