El reo, de 41 años, fue declarado muerto a las 18:50 horas tras recibir una inyección letal en la penitenciaría estatal de Huntsville.

Antes de la inyección letal, Ramiro Gonzales utilizó sus últimas palabras para pedir disculpas a los familiares de la víctima, Bridget Townsend, cuyos restos no fueron encontrados hasta más de un año después de que fuera reportada como desaparecida de su casa en el condado de Bandera en enero de 2001.

"No puedo expresar con palabras el dolor que les he causado, el daño, lo que les quité y que no puedo devolver. Espero que esta disculpa sea suficiente", dijo.

"Nunca dejé de rezar para que me perdonaran y que algún día tuviera esta oportunidad de disculparme. Les debo mi vida y espero que algún día me perdonen", añadió en sus declaraciones que concluyó anunciando que "estaba listo" para la inyección.

Gonzales secuestró a Townsend de una casa rural en el condado de Bandera, al noroeste de San Antonio. Posteriormente la llevó al rancho de su familia en el vecino condado de Medina, al oeste de San Antonio, donde la agredió sexualmente antes de matarla.

Mientras cumplía condena por una agresión no relacionada en 2002, Gonzales confesó la violación y el asesinato de Townsend y guió a la policía hasta sus restos.

Gonzales hizo una última solicitud de clemencia antes de la ejecución que fue negada. En esa petición afirmaba que, desde su llegada al corredor de la muerte en 2006, había dedicado su vida al cristianismo y había servido como líder espiritual para otros condenados a muerte.

A principios de este mes, un grupo de 11 líderes evangélicos de todo el país pidieron al gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, que detuviera la ejecución y concediera un indulto a Gonzales.

En un comunicado el lunes, los abogados de Gonzales, Thea Posel y Raoul Schonemann, calificaron a su cliente como "un hombre que hoy es, en casi todos los sentidos, una persona diferente de la que era cuando mató a Bridget Townsend en 2001", cuando como la víctima tenía 18 años.

La ejecución de Gonzales fue la segunda este año en Texas y la octava en Estados Unidos. El jueves, Oklahoma tiene previsto ejecutar a Richard Rojem por el secuestro, violación y asesinato de una niña de 7 años en 1984.

Desde que el Tribunal Supremo reintrodujo en 1976 la pena de muerte, han sido ejecutadas en Estados Unidos 1.589 personas, 587 de ellas en Texas.