Sindicatos en Estados Unidos refuerzan acuerdos para asegurar la integridad científica frente a influencias políticas.
En julio de 2024, el sindicato de científicos e ingenieros de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE.UU. consolidó un nuevo contrato que asegura protección para los empleados que promueven la integridad científica. Este pacto se une a uno similar establecido previamente por el Departamento de Agricultura de EE.UU.
El grupo que representa a más de 5 mil científicos en los Institutos Nacionales de Salud también está cerca de finalizar un acuerdo similar, esperando su firma en los meses venideros. Estos contratos son esfuerzos claves para proteger las agencias científicas de EE.UU. de la manipulación política. A pesar de esto, la administración de Joe Biden ha avanzado en establecer protecciones legales adicionales para científicos y empleados federales.
Actualmente, se están finalizando políticas de integridad científica que afectarán hasta 20 agencias federales, con anuncios esperados para agosto. La interferencia política en la ciencia ha tomado mayor importancia ante la nueva candidatura presidencial de Donald Trump, cuyo primer mandato ya había afectado agencias como la EPA. Un posible segundo mandato de Trump y un Congreso dominado por republicanos podrían permitir cambios significativos en la administración.
“La gente no debería confiar en que tengamos las herramientas legales para responder eficazmente a los abusos de poder en una segunda administración de Trump”, expresó Blake Emerson, investigador de la Universidad de California en Los Ángeles. La implementación tardía de nuevas políticas preocupa a los organismos de control, aunque funcionarios aseguran que estarán operativas para la mayoría de las 30 agencias federales a fines de septiembre, según Francesca Grifo, directora de la oficina de integridad científica de la EPA.
Además, la administración Biden ha fortalecido las protecciones legales para científicos y empleados federales en respuesta a políticas del mandato de Trump que facilitaban la reorganización del servicio civil. Aunque modificada, la norma Anexo F podría cambiar nuevamente bajo una nueva administración.
La colaboración científica entre China y Estados Unidos también enfrenta incertidumbres debido a las elecciones. Mientras tanto, los trabajadores de la EPA, que sufrieron durante la primera administración de Trump, ahora cuentan con un contrato que incluye una cláusula sobre integridad científica, permitiendo que cualquier disputa sea resuelta por un árbitro independiente. “Realmente no estábamos preparados para defender a la agencia la primera vez”, admitió Nicole Cantello del sindicato de la EPA. En caso de un intento de revocación del contrato por parte de la administración Trump, el sindicato tiene preparados recursos legales para contestar.
