Ciudad de México
La información de Proceso es reveladora. En el último semestre de 2019, Miguel Trujillo Herrera y Mario Vergara Hernández se trasladaron a Sinaloa para capacitar en métodos de búsqueda en campo a los colectivos de familiares de personas desaparecidas.
Ambos, señala la publicación, adquirieron experiencia en la búsqueda de sus respectivos hermanos desaparecidos. Miguel es hijo de María Herrera, madre buscadora que en 2011 increpó a Felipe Calderón por la desaparición de sus hijos Raúl y Jesús, desaparecidos en 2008 en Guerrero, y Luis Armando y Gustavo, desaparecidos en Veracruz en 2010.
Mario, fallecido en 2023, narra Proceso, buscaba a su hermano Tomás, desaparecido en julio de 2012, y fue fundador del colectivo “Los Otros Desaparecidos de Iguala”, en 2014.
En entrevista con Proceso, Miguel Trujillo recuerda que, con Mario Vergara, ampliamente reconocido como buscador, realizaron exploraciones en comunidades del municipio Concordia, Sinaloa, donde “los colectivos de allá no entraban porque estaban en disputa los ‘mayitos’ y los ‘chapitos’, y siguen en disputa por esa zona”.
El diario describe que en esa región se ubica la comunidad de El Verde, donde se localizaron cinco cuerpos de los 10 mineros que fueron secuestrados el 24 de enero último en el campamento de la mina Vizsla Silver, de capital canadiense, y que, de acuerdo con la versión del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, las víctimas fueron confundidas por un grupo armado perteneciente a la facción de “los chapitos”.
Durante el tiempo que Miguel estuvo en Sinaloa, de 2019 a 2021, apoyó a colectivos de familiares de personas desaparecidas en Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, con más énfasis en los dos primeros municipios y las zonas colindantes.
“En Concordia encontramos muchas fosas, todas con más de un cuerpo, entre cinco, 20 hasta 32 cuerpos me acuerdo haber encontrado en una sola fosa; las víctimas eran de varias partes, inclusive de Veracruz.
Una persona que fue detenida por la ‘maña’ y que pudo escapar, nos decía que a las personas que llevaban a esos lugares donde los asesinaban y enterraban, era gente trabajadora: que un paletero, un vendedor de tamales, gente que estaba ahí porque no aportaron su pago de piso, no era que estuvieran con la ‘maña’, no tenían nada que ver con la disputa entre ‘los mayos’ y ‘los chapitos’, conflicto que impedía a las familias realizar búsquedas de campo”, expone Miguel Trujillo.
La publicación delata que la imposibilidad de buscar en esa región para familiares de personas desaparecidas se ha extendido hasta ahora, “más con la guerra entre ellos que se desató en septiembre de 2024 y que sigue hasta ahora”, explica Trujillo Herrera.
Crisis forense
También eso expone Alejandra Martínez Carrizales, hermana de Ismael, desaparecido en julio de 2020, y que forma parte del colectivo Por Las Voces sin Justicia.
“Tenemos meses con puntos de búsqueda en Concordia, lugares de los que hemos tenido información de manera anónima, pero no podemos acceder por la inseguridad; las autoridades no nos brindan la seguridad suficiente para llegar hasta ahí, que es una zona de conflicto”, dice Martínez Carrizales.
Médico de profesión, Alejandra cuenta que desde que se desató la “guerra” entre las facciones del Cártel de Sinaloa, tras el secuestro de Ismael, el Mayo Zambada, por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, para llevarlo a Estados Unidos, el número de víctimas de desaparición se disparó y se puso en evidencia la crisis forense.
“Nosotros localizamos de la guerra para acá más de 50 cuerpos y siguen en el Servicio Médico Forense (Semefo), y no se hace nada, nosotros hemos exigido de mil y un formas que se realicen las pruebas de ADN, pero los cuerpos siguen sin ser entregados a sus familiares”, lamenta.
*Con información de Proceso
