Los municipios michoacanos ejercerán 18 mil millones de pesos en participaciones durante 2025, cifra que no representa un aumento frente a la inflación
Morelia, Michoacán.- Los municipios de Michoacán recibirán 18 mil millones de pesos en participaciones durante 2025, un aumento nominal de siete por ciento respecto al ejercicio 2024.
Sin embargo, este incremento queda neutralizado por la inflación, por lo que deja a los ayuntamientos con la misma capacidad de gasto real que en 2024, según el análisis del Centro Michoacano de Evaluación (Cemide).
En rueda de prensa, Jesús Alva, integrante del Cemide, hizo un análisis del Presupuesto de Egresos 2025, y destacó que de los 98 mil 935 millones de pesos del presupuesto estatal, el Ejecutivo ejercerá sólo 88 mil millones.
De este presupuesto, los municipios recibirán estos 18 mil millones. A pesar del discurso oficial sobre el fortalecimiento municipalista, los recursos adicionales no representan un cambio sustancial en la capacidad de inversión de los gobiernos locales.
Jesús Alva destacó que los poderes Legislativo y Judicial enfrentarán restricciones presupuestarias.
Por su parte, el Congreso de Michoacán verá un recorte nominal de mil 300 millones a mil 200 millones de pesos, mientras que el Poder Judicial tendrá un incremento de 3.5 por ciento, insuficiente para cubrir la inflación.
Esto se suma a la falta de planeación para atender necesidades clave, como la reforma judicial y la elección de jueces.
Además, los alcaldes no podrán implementar proyectos nuevos debido a la falta de crecimiento real en sus presupuestos, lo que limita su capacidad de responder a las necesidades de sus comunidades.
Esta situación refleja un panorama financiero complejo, agravado por la falta de claridad sobre los compromisos financieros del estado.
Otros miembros del Cemide, como Arturo Herrera Cornejo, Enrique Bautista y Emilio Álvarez, urgieron a los legisladores locales a revisar a fondo las cifras del presupuesto y exigir información completa sobre créditos y obras multianuales para garantizar una distribución justa y eficiente de los recursos.
