Redacción / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó las reformas constitucionales por las que Pemex y CFE regresan a ser empresas públicas y los trenes de pasajeros pasan a control del Estado.

Durante la “Mañanera del Pueblo”, la mandataria mexicana refirió que en la reforma energética hay espacio para la inversión privada, que quedará establecida con orden, con certeza en las leyes secundarias.

“Nuestro compromiso de que van a ser empresas operadas eficientemente y que brindarán servicios, combustibles y electricidad a precios accesibles para todos y para todas”.

Y respecto al transporte ferroviario, la Sheinbaum Pardo destacó que el Estado mexicano tendrá la capacidad de operar de nuevo los trenes de pasajeros.

Previo a la firma de ambas reformas, Andrés Lajous Loaeza, director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, explicó que el pasado 29 de octubre de 2024, dos terceras partes de los Congresos de las Entidades Federativas aprobaron la reforma, lo que incorpora al texto constitucional:

“…La comunicación vía satélite y los ferrocarriles, tanto para el transporte de pasajeros como de carga, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución”.

Por lo anterior, “el Estado mexicano retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Para ello, el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares”.

Por su parte, Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, explicó que con la aprobación de la reforma de los artículos 25, 27 y 28 se logra que de Empresas Productivas -Pemex y CFE- pasen a Empresas Públicas del Estado; de Derecho Mercantil a Derecho Público, y de Mercancía a Recurso Estratégico.

En este sentido, González Escobar desglosó que se cambia la naturaleza de la CFE y Pemex para devolverles su carácter público, como Empresas Públicas del Estado; además, se incorpora el litio como área estratégica respecto de la cual no se pueden otorgar concesiones.

Asimismo, se da prevalencia a las empresas públicas, lo que permitirá garantizar la continuidad, seguridad y accesibilidad del servicio público y con ellos serán más productivas; se retoma la planeación del sector, lo que permitirá establecer objetivos de expansión de mediano y largo plazos, y se ordena y da certeza a la inversión privada con reglas claras.