Ajustar las normas legales a los nuevos tiempos es casi por regla un compromiso en todas las naciones en que ocurre una revolución como es el caso de México: la revolución pacífica iniciada en aquel 2018. Aunque originalmente no era parte de la agenda de los líderes de esta revolución finalmente los cambios ocurridos al interior del poder, con la llegada de Norma Piña a la Presidencia, de la Suprema Corte de Justicia (adscrita al grupo político del ex presidente Carlos Salinas), facilitó la comprensión de la necesidad de llevar a cabo un cambio en ese poder en su conjunto. Y el domingo pasado se cumplió con el compromiso adquirido por la presidenta del Plan “C”.

Es mentira la idea que se ha difundido de que acudieron a votar personas que ignoraban a qué elección acudían y que si lo hicieron fue en una condición de ignorancia total. La necesidad de una reforma judicial y el conflicto contra el Poder Judicial tiene de manera abierta casi 40 años si no es que se trata de un conflicto histórico en el que el pueblo siempre ha estado confrontado con poderes que lo han sojuzgado. El conflicto se agudizó en los últimos 40 años cuando el viejo Poder Judicial aprobó todas las reformas neoliberales que fueron en su contra. Y en los dos últimos gobiernos (AMLO y Sheinbaum) la confrontación ha sido total con el viejo Poder Judicial.

Como no iban a estar informados los votantes si el pueblo es un pueblo que hizo una revolución pacífica. Que hayan votado más de 13 millones de mujeres y hombres registrados en el padrón electoral es un éxito porque es la primera experiencia del pueblo en la elección de jueces, ministros y magistrados. Lo que hicieron esos 13 millones es de romper con una tradición autoritaria y antidemocrática que tenía cientos de años. No existía experiencia en el pueblo acerca de cómo elegir a integrantes del viejo Poder Judicial. Esto nunca había ocurrido ni en México ni en el mundo y esta es la dimensión de esta proeza histórica.

Por las características de la elección, el pueblo votó por los candidatos que eran los más conocidos por lo que el poder judicial en la parte alta tendrá en su mayoría a mujeres y hombres comprometidos con la cusa a la que convoca la justicia popular. Es posible en la estructura del poder regional no haya ocurrido lo mismo y que existan resistencias o funcionarios que apelen a prácticas que el pueblo quiere erradicar. Por fortuna habrá una instancia dentro del nuevo poder judicial (el Tribunal de Disciplina Judicial) al que se podrá demandar la erradicar las prácticas corruptas de justicia. Será una instancia fundamental.

Lo que contribuirá a poner fin a las cofradías de abogados de empresa o de despachos de abogados. En las regiones, capitales de los estados o municipios las empresas nacionales y multinacionales tienen grupos de abogados que inciden en el proceso jurídico. Han creado narrativas en torno a que son “equipos de abogados muy chingones” porque no pierden una batalla legal cuando en realidad son el poder de las empresas y el dinero que distribuyen o distribuían para torcer la ley lo que les ha dado poder por tanto tiempo. El nuevo poder judicial tendrá que poner en su lugar a estas mafias del poder en rostro de cuerpos de abogados empresariales.

La muerte de un régimen es complicada y no ocurre de inmediato aún a pesar de que el cambio haya sido instaurado por una revolución que toma el poder de manera violenta. En el caso de México, existen poderes que han sido desplazados del poder y para quienes el viejo Poder Judicial era un Poder fundamental. Estos poderes fácticos han estado en todo momento desalentando a la población para que no fuera a votar y descalificar la elección. Pero 13 millones de mujeres y hombres que acudieron a votar es una extraordinaria cifra que no podrán desacreditar cuando se trata de la primera experiencia en la elección de un Poder, el Judicial.

Pero no es el último clavo en el ataúd. No debe olvidarse que la justicia es un concepto social que incluye a lo jurídico pero incrustado en una concepción de justicia sociocultural. Es decir, la reforma judicial, la elección del domingo de jueces, magistrados y ministros, y su concretización a partir de septiembre próximo, debe contemplarse no como un hecho estrictamente jurídico, sino como parte de la revolución de las conciencias en donde juega un papel trascendental, sin duda, lo siguiente: evitar que la justicia esté al servicio de “mafia del poder”, pero en el contexto de una política de justicia social.

La elección no fue el último clavo en el ataúd contra la derecha mexicana, pero casi la entierra…