Redacción / La Voz de Michoacán

Buenos Aires. – La Justicia de Argentina emitió una orden de captura internacional contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusándolo de crímenes de daños a la humanidad en una causa impulsada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).

La decisión fue adoptada por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, quienes consideran que los elementos recabados son suficientes para solicitar la indagatoria y el arresto del mandatario venezolano.

La denuncia, presentada en enero de 2023 bajo el principio de jurisdicción universal, permite a cualquier país procesar delitos graves contra los derechos humanos, independientemente de dónde se hayan cometido. Según los magistrados, el caso incluye testimonios de víctimas y documentos que muestran un patrón de persecución, secuestro y tortura por parte del Estado venezolano.

Entre los testimonios se encuentran los de R.M.O.S., quien relató que G.M.O. fue asesinada en una protesta en Carabobo en 2014 y que, pese a condenar a los autores materiales, las investigaciones nunca alcanzaron a la cadena de mando. Asimismo, N.M.F. y K.M.F. declararon sobre la muerte de J.A.M.F., quien fue brutalmente golpeado por las fuerzas de seguridad durante una protesta pacífica en Caracas y falleció días después por las heridas.

Los jueces concluyeron que el nivel de pruebas recolectadas es suficiente para proceder con la detención de Maduro, junto con otros altos funcionarios venezolanos, incluido Diosdado Cabello, uno de los líderes del régimen. La orden de captura se emitió a través de Interpol para facilitar la extradición a Argentina.

El Foro Argentino para la Defensa de la Democracia celebró la decisión, calificándola como "un paso crucial hacia la justicia y el fin de la impunidad". Según la organización, Maduro ya es considerado un prófugo internacional y está cada vez más acorralado por las acusaciones de crímenes atroces.El fallo de 20 páginas también establece la necesidad de detener a otros miembros del gobierno venezolano involucrados en la cadena de mando que permitió estas violaciones a los derechos humanos, en total, la causa involucra a más de 30 imputados