Redacción / La Voz de Michoacán

Ciudad de México. Organizaciones sociales de México ponen encima de la mesa presidencial, que ocupará Claudia Sheinbaum a partir de octubre, la necesidad de blindar una sanidad “sin discriminación” y una educación “incluyente”, los pendientes del mandato de Andrés Manuel López Obrador.

“Garantizar el acceso y la atención a la salud, en cuestiones particulares de las personas LGBTI, fue un gran pendiente”, advierte la cosecretaria de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGA LAC), Ari Vera, en una entrevista reciente con EFE.

Para el director de márquetin de The Trevor Project, Javier Hernández, otro asunto irresoluto del mandato saliente es un servicio integral para la salud mental de los jóvenes, así como una “educación alrededor de la diversidad sexogenérica”.

“Creo que (hay) algunos derechos que faltan todavía para la población LGBTQ+ que es importante garantizarlos, como el reconocimiento de la identidad de género”, añade.

López Obrador: avances y pendientes

La también presidenta de la Federación Mexicana de Empresarios LGBTI sostiene que el periodo de López Obrador al frente del Ejecutivo federal ha supuesto “un avance” para el reconocimiento de los derechos del colectivo, aunque dejó “pendientes por cristalizar”.

“Se concretó, de alguna manera, el matrimonio igualitario en todo nuestro país y más estados de la República han reconocido el derecho a la identidad de género de las personas trans”, explica.

Aunque apostilla que, si bien el partido en el poder, Morena, ha empujado el cambio, “no arropó” algunas propuestas de las figuras LGBTI del partido.

En este sentido, López Obrador vivió en enero una polémica por tildar de “hombre vestido de mujer” a una diputada trans de su partido, Salma Luévano, y, durante su presidencia, ha recibido críticas de grupos progresistas por mostrar ambivalencia respecto a la comunidad LGBTI.

“Uno de los grandes logros que tenemos por parte del Gobierno es la prohibición de las terapias de conversión”, asegura Hernández, una medida que entró en vigor a principios de junio.

Una sanidad “sin discriminación”

Vera urge a Sheinbaum, que será la primera mujer presidenta de México, a instaurar un sistema sanitario “con perspectiva de género y sexual” que asegure una atención “sin discriminación ni violencia” hacia el colectivo LGBTI.

“Estas personas enfrentan muchísima discriminación y falta de sensibilidad del personal médico. Sobre todo, las personas trans”, sostiene Hernández.

Según la primera ‘Encuesta sobre la Salud Mental de las Juventudes LGBTQ+ en México’, presentada en febrero por The Trevor Project, el 91 % de las 10.000 personas entrevistadas quiso recibir atención psicológica, pero la cifra se desploma hasta el 59 % para las que finalmente la tuvieron.

“Lo que sí reconocemos es que Sheinbaum, cuando fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, realizó una unidad de atención a la salud de las personas trans”, plantea la empresaria en referencia a la Unidad de Salud Integral para Personas Trans (USIPT).

Así, anheló que “esta buena práctica” se replique durante su mandato a escala federal.

Educación “que hable de diversidad”

Hernández plantea la necesidad de un sistema educativo en el que “se hable de la diversidad” y que huya de antiguos esquemas, como el uso de uniformes, “algo que afecta muchísimo porque invalida las identidades”.

Actualmente, observa que “ninguna” institución educativa “garantiza que se promueva la aceptación ni el respeto” hacia la comunidad LGBTI.

Y sugiere: “Esta educación incluyente es algo que sí se tiene que ejecutar en los sistemas desde temprano, como prevención”.

Vera añade una hoja más en la carpeta LGBTI de Sheinbaum, “los derechos laborales y económicos”, y recuerda que se intentó emular el “cupo laboral” argentino, donde el 1 % de los trabajadores estatales deben ser personas trans, aunque “no se pudo cristalizar”.

Para evitar que futuras políticas se desvanezcan con un cambio de Gobierno, la empresaria receta a Sheinbaum que las fortifique en el campo legislativo.

“Tendría que empezar con una reforma de fondo en donde los mínimos de acceso a derechos y a una vida libre de violencia tendrían que estar sentados en nuestra Constitución, para que ningún partido no contravenga el principio de la no discriminación”, concreta.