Morelia, Michoacán
Yunuen Mejía Béjar, subsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), advirtió que se intensificarán las inspecciones y sanciones a restaurantes que incumplan con las leyes laborales, particularmente en lo que respecta al trato a meseros.
Mejía Béjar destacó que se han detectado establecimientos que pagan únicamente con propinas a su personal, una práctica ilegal que será perseguida y castigada.
“Nos hemos encontrado restaurantes que le dicen a los trabajadores que sólo recibirán propinas. Esto va en contra de la ley y las sanciones se harán sentir para aquellos patrones que no cumplan con sus obligaciones”, aseguró Mejía Béjar.
El problema de las propinas y los contratos para meseros ha sido históricamente polémico en la industria restaurantera. A pesar de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha señalado que las propinas no son obligatorias, muchos restaurantes aún operan bajo esquemas que perjudican a sus empleados. Ante esta situación, la Sedeco ha comenzado a realizar inspecciones y ya está detectando irregularidades.
Mejía Béjar explicó que, hasta hace poco, las herramientas legales para hacer cumplir la ley eran insuficientes, ya que el reglamento de inspección a centros de trabajo databa de 1978. Sin embargo, con la reciente actualización del reglamento, que incluye nuevos lineamientos y tabuladores de sanciones, las multas pueden ir desde los 5 mil hasta el medio millón de pesos, dependiendo de la gravedad de la irregularidad, e incluso alcanzar sumas millonarias si se acumulan.
La subsecretaria también mencionó que han estado en contacto con sectores empresariales, incluida la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), para abordar este tema. “Si algún ciudadano, mesero o cocinero no está recibiendo su salario como debe ser, que nos avise. Nosotros realizaremos una inspección en el centro de trabajo correspondiente”, aseguró Mejía Béjar.
Además, destacó la problemática de la competencia desleal entre restaurantes que cumplen con la ley y aquellos que no lo hacen, lo que les permite ofrecer precios más bajos a costa de los derechos laborales de sus empleados.