La nueva reforma constitucional en Nicaragua busca centralizar el poder y extender el mandato presidencial
Nicaragua.- El Ejecutivo de Nicaragua presentó al Congreso una reforma constitucional que pretende subordinar a los otros poderes del Estado, incrementar el control sobre los medios de comunicación y prolongar la duración del mandato presidencial, entre otras medidas controvertidas que podrían ratificar esta semana.
Presentada en la Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante, el presidente del Congreso, Gustavo Porras, describió la reforma como una ‘modernización de la Carta Magna’.
‘El pueblo ejerce el poder del Estado a través de la Presidencia de la República que dirige el Gobierno y coordina a los órganos Legislativo, Judicial, Electoral y de Control de la Administración Pública y Fiscalización y los Entes Autónomos’, indica el texto del proyecto.
Porras anunció que una comisión parlamentaria empezará a revisar la propuesta la tarde del miércoles, y se espera que el jueves esté listo un informe para su aprobación el viernes.
La reforma constitucional de Nicaragua
La propuesta legislativa también incluye medidas para asegurar que los medios de comunicación no se vean influenciados por intereses extranjeros y no propaguen ‘noticias falsas’, un término que desde 2020 tiene penas de hasta diez años de prisión.
Además, otorga al presidente la autoridad para movilizar al Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional en situaciones que amenacen la estabilidad del país y permite que militares y policías ocupen temporalmente cargos en el Ejecutivo.
Se formaliza también la creación de la Policía Voluntaria, establecida tras las protestas de 2018 contra el presidente Daniel Ortega, que resultaron en más de 300 muertos. Esta fuerza está compuesta principalmente por excombatientes sandinistas.
Otras modificaciones significativas incluyen la introducción de las figuras de ‘co-presidente’ y ‘co-presidenta’ y el aumento de la duración del mandato presidencial y de los diputados de cinco a seis años.
Ortega, quien ha compartido en varias ocasiones que su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, tiene igual poder que él en el Ejecutivo, enfrenta críticas severas de la oposición y grupos civiles que ven esta reforma como una centralización del poder.
‘La dictadura Ortega Murillo sepulta la institucionalidad en #Nicaragua a través de una reforma a la Constitución elimina la separación de los poderes del Estado y los deja bajo la coordinación de una dictadura bicéfala’, expresó la Concertación Democrática Nicaragüense.
El CALIDH, otra entidad del exilio, ha denunciado las reformas como una ‘distorsión irreversible del texto constitucional’ que ‘eleva a rango constitucional la distorsión absoluta a la que (Daniel Ortega) ha sometido al Estado’.
