La propuesta de reforma judicial en México podría alterar significativamente las relaciones con socios internacionales

Ciudad de México.- La propuesta de reforma judicial en México, impulsada por el gobierno, ha desencadenado un amplio debate que no solo reconfigura el escenario político interno, sino que también suscita grandes preocupaciones en el ámbito de las relaciones internacionales.

Revelada el 5 de febrero, la reforma pretende transformar profundamente la estructura del sistema judicial mexicano, incluyendo la disolución de entidades autónomas fundamentales como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Este cambio se ha percibido como un riesgo para los valores democráticos y los compromisos internacionales del país, especialmente en lo que respecta a tratados de comercio y cooperación con naciones como Estados Unidos, Canadá y Europa. A medida que la reforma avanza hacia su votación definitiva, sus potenciales repercusiones en las relaciones internacionales y la estabilidad económica de México se hacen cada vez más palpables.

El Instituto Mexicano Ejecutivo de Finanzas (IMEF) anticipa que la reforma judicial se someterá a votación a inicios de septiembre, y advierte que la eliminación de los organismos autónomos podría tener graves consecuencias para los tratados internacionales de México. Específicamente, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) subraya en su capítulo de telecomunicaciones la importancia de mantener una entidad reguladora independiente.

La disolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha levantado alarmas y podría infringir los artículos 18.6 y 18.17 del Tratado. Doce asociaciones empresariales estadounidenses han expresado su preocupación por estas posibles infracciones. Además, el acuerdo con Europa incluye una ‘cláusula democrática’ que obliga a los países a fomentar y respetar principios democráticos y derechos humanos esenciales.

La supresión de entidades autónomas en México podría contravenir estos compromisos y deteriorar las relaciones con la Unión Europea. Pese a estos avisos, la reforma judicial y la supresión de organismos autónomos continúan avanzando en el Congreso. El embajador estadounidense, Ken Salazar, indicó que los cambios propuestos podrían perjudicar las relaciones entre México y Estados Unidos, en particular la elección directa de jueces y magistrados.

El embajador canadiense, Graeme Clark, también ha mostrado la inquietud de los inversores canadienses frente a la reforma. El presidente López Obrador inicialmente declaró que estos temas eran de competencia exclusiva de México y más tarde optó por pausar las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, como reportó The New York Times en un artículo titulado: ‘México pone en pausa la relación diplomática con EEUU por críticas a su propuesta judicial’.

Las cámaras de comercio de Canadá y Estados Unidos se han unido a las críticas, subrayando que la certeza jurídica y la transparencia judicial son cruciales para una integración económica efectiva. Medios internacionales como The Wall Street Journal han cubierto ampliamente las reformas, advirtiendo que podrían violar el acuerdo comercial y tener un impacto negativo en la economía mexicana. Ante esto, el IMEF ha señalado que la reforma podría tener implicaciones severas para la inversión extranjera.

Citibanamex y Morgan Stanley han alertado sobre la posible reacción negativa de los inversionistas, mientras que Bank of America Global ha advertido que los próximos 90 días podrían definir la próxima década para México. Franklin Templeton y otras instituciones financieras también han expresado su preocupación por la posible pérdida del grado de inversión de México.

En una reciente conferencia, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, incluyó en su informe trimestral el impacto de la pausa en las relaciones diplomáticas en la actividad económica. La Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado del Banco de México anticipó un deterioro en el clima de negocios y una menor disposición para invertir.