Daire Zúñiga / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán Durante las fiestas de Halloween y Día de Muertos, el gobierno municipal tendrá cero tolerancia a los eventos que no cuenten con la autorización respectiva para la venta de alcohol, advirtió el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Alfredo Benítez Silva.

Además, el funcionario local informó que se buscará la manera legal para que se considere “un fraude a la autoridad" cuando los ciudadanos no respeten los lineamientos del gobierno municipal tras haber obtenido un permiso para realizar un evento social y de este modo, poder llevarlo a consecuencias de carácter civil y penal.

Luego de que el fin de semana pasado se registrara en la capital michoacana la clausura de un evento de disfraces en un salón de fiestas de Altozano por la venta de alcohol a menores de edad, el secretario del Ayuntamiento de Morelia aseveró que la autoridad estará vigilante de este tipo de acciones en las que los ciudadanos solicitan el permiso correspondiente para un evento y posteriormente, hagan uso del mismo para realizar otras actividades que no estaban contempladas.

Recalcó que este es el primer evento en el que se identifica que los organizadores llevan a cabo la venta de alcohol, incluso a personas menores de edad, sin embargo, Yankel Benítez sostuvo que generalmente son fiestas que se convocan “de manera clandestina” a través de redes sociales, por lo que insistió en que el gobierno municipal no permitirá este tipo de comercio en eventos sociales y exhortó a la ciudadanía a que en el caso de que se identifiquen, sean reportados ante la autoridad local.

“Estaremos atentos a este tipo de situaciones. Pedirle también a la sociedad que si se identifica algún evento de este tipo que conllevan muchos riesgos y peligros nos avisen para actuar de inmediato” expresó el funcionario municipal.

Hacen llamado a padres de familia

En un encuentro con medios de comunicación, describió que el pasado fin de semana se recibió un reporte en el que se denunciaba dicha venta, por lo que personal de inspección, así como de la Secretaría del Ayuntamiento y elementos de la Policía de Morelia acudieron al salón ubicado en la avenida Juan Pablo II, donde la autoridad revisó el permiso que se había tramitado anteriormente y se detectó que no se tenía prevista una solicitud para la venta de alcohol.

Relató que la fiesta se trataba de un concurso de disfraces y en ella se identificaron a varios menores de edad bajo la sustancia del alcohol, por lo que se determinó llevar a cabo la clausura en ese momento y el desalojo de las personas que asistieron.

El secretario del Ayuntamiento también hizo un llamado a los padres de familia, para que vigilen este tipo de actividades, así como a los propietarios de salones de fiestas que rentan sus espacios, para que cuiden que los eventos se realicen de manera controlada y no se vean afectados con este tipo de incumplimientos a la norma municipal.

En este contexto, precisó que luego de la clausura, el gobierno local debe proceder a realizar una investigación en el contrato entre los organizadores de la fiesta y los propietarios del salón, ya que en algunas ocasiones los dueños se deslindan de cualquier responsabilidad sobre las posibles irregularidades que se presenten, o en otros casos, pueden estar participando, según el funcionario.

“Muchas veces también los dueños de salones simplemente rentan el salón para un evento en particular y eso no quiere decir que ellos sean los que cometen la irregularidad, a veces son los organizadores o a veces son ambas partes. Tiene que hacerse la investigación en la revisión”.

Yankel Benítez compartió que luego de esta valoración y la clausura del espacio, deben evaluarse las sanciones que se aplicarán tanto a los organizadores del evento como a los propietarios del salón, en el caso de acreditar que también sean responsables.

Asimismo, el secretario detalló que si se identifica un incumplimiento se podría concretar una clausura desde los 21 hasta los 30 días de operación en los salones, y en el caso de los organizadores, se aplicaría una multa que podría ascender a los 35 mil pesos, adicional a la negación permanente de permisos posteriores que soliciten ante el Ayuntamiento.