Cada 16 de octubre, el mundo celebra el Día Mundial de la Alimentación, una fecha establecida por la FAO en 1980 para enfocar la atención global en la diversidad y calidad de los alimentos, así como en su accesibilidad y seguridad, especialmente en contextos de desigualdad marcada entre naciones desarrolladas y en desarrollo.

Significativos esfuerzos de investigación científica y legislativa están en marcha para abordar estos temas. Notablemente, el Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe (ODA-ALC), apoyado por la FAO y coordinado por la UNAM a través de su Programa Universitario de Derechos Humanos y el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, está a la vanguardia de estos esfuerzos.

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La Dra. María Victoria Fernández, de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, explica que la alimentación debe ser vista como un derecho humano fundamental que garantiza la disponibilidad, acceso, seguridad y adecuación de los alimentos, asegurando al mismo tiempo la sostenibilidad de su producción para futuras generaciones.

Por su parte, la Dra. Esperanza Arnés Prieto, subraya la importancia de la calidad nutricional y la producción sustentable de alimentos, destacando las redes alimentarias alternativas en México, que aunque enfrentan retos, son cruciales para la seguridad alimentaria del país.

Recientemente, la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible fue promulgada en México, marcando un avance legislativo importante para asegurar la intervención estatal en la producción y distribución equitativa de alimentos.

La Dra. Fernández señala que esta ley es un primer paso hacia una regulación más amplia que requiere de un reglamento y la participación activa de diversos sectores para ser efectiva.

La Dra. Arnés enfatiza que aunque la ley aún no ha beneficiado directamente a los pequeños y medianos productores, sí reconoce su papel y abre posibilidades futuras para su inclusión en mercados más amplios.

Finalmente, la Dra. Fernández y la Dra. Arnés expresan su esperanza en que la actual administración continúe apoyando esta política pública, y destacan la importancia de considerar la alimentación como un derecho y no solo como un bien de consumo.

Este enfoque podría transformar significativamente el acceso y la calidad de los alimentos disponibles para todos, especialmente para los grupos más vulnerables.