Ciudad de México, 07 de mayo de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) interpuso un incidente de revocación de la suspensión provisional que un juez le concedió al ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo para que no sea detenido, ya que las autoridades lo acusan de desviar 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles de policía en esa entidad.
“Agréguense únicamente para que obren como correspondan el informe previo de cuenta rendido por el Director de Área en la Dirección General de Amparos y Contencioso de la Guardia Nacional, el oficio remitido por el Fiscal Especial de Delitos por Hechos de Corrupción Diversos de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, mediante el cual interpone incidente de revocación de la suspensión provisional”, señala el resolutivo del juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México.
El incidente de revocación es un mecanismo jurídico que permite al interesado solicitar la anulación o modificación de un acto o resolución que considera incorrecta o injusta.
Por ello, el juez de distrito puede negar su trámite si no satisface el requisito previsto por el articulo 140 de la Ley de Amparo, el cual establece mientras no se pronuncie sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo, el impartidor de justicia puede modificar o revocar el auto en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento.
A finales de abril, un secretario en funciones de un juez federal con sede en la Ciudad de México otorgó el ex gobernador la medida cautelar para que no se le prive de su libertad con motivo de la orden reclamada y su ejecución, aunque en el procedimiento penal se le imponga la prisión preventiva justificada.
La FGR impugnó el fallo de primera instancia, sin embargo, la semana pasada el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en Ciudad de México declaró improcedente e infundada la queja.
Con su resolutivo, los magistrados del colegiado ratificaron el fallo del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal otorgada al ex mandatario, acusado de desviar 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles de policía en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, en esa entidad.
El ex servidor público, prófugo de la justicia, promovió el recurso el pasado 21 de abril contra actos del Juez de Distrito en Funciones de Juez de Control en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al centro de Justicia Penal federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Norte y otros. Reclamó la orden de captura o arresto, así como comparecencia judicial y su respectiva ejecución.
Por este caso, en marzo pasado, en una audiencia que duró casi 22 horas, fueron vinculados a proceso Carlos Maldonado Mendoza, secretario de Finanzas en el gobierno de Aureoles; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública estatal; Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa de esa misma dependencia, y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la SSP, quienes están en prisión preventiva justificada. (CON INFORMACIÓN DE: LA JORNADA)
