La posible revocación de la reforma judicial en México por la SCJN es crítica para el equilibrio de poderes

Marko Cortés Mendoza, líder del Partido Acción Nacional (PAN), declaró que la reforma judicial impulsada por Morena todavía puede ser anulada.

Según él, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene el poder de invalidarla debido a los numerosos amparos y suspensiones definitivas presentadas, así como las controversias constitucionales actualmente en revisión.

Cortés criticó el proceso legislativo que resultó en la aprobación de la reforma, describiéndolo como desorganizado y que compromete la independencia del Poder Judicial.

La SCJN podría desempeñar un papel crucial en la preservación del Estado de Derecho y la separación de poderes en México, enfatizó.

El dirigente del PAN destacó que su partido ha presentado una acción de inconstitucionalidad, además de una controversia constitucional iniciada por el Gobierno de Guanajuato y varios municipios gobernados por el PAN.

Estos recursos legales intentan detener la implementación de la reforma, que según Cortés, perjudica los derechos progresivos y los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos.

Uno de los elementos más controvertidos de la reforma es el método de selección de jueces y magistrados a través de un sorteo, lo que Cortés considera un procedimiento viciado y sin normativas claras.

“No se puede hacer un proceso electivo serio cuando existen amparos con suspensiones definitivas. El uso de una tómbola para decidir cargos es inaceptable”, señaló.

Además, Cortés cuestionó al partido gobernante y a la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum: “Si la Corte tumba la reforma, ¿la van a aceptar o la van a imponer a la fuerza?”.

Alertó sobre el riesgo de una crisis institucional y un enfrentamiento entre poderes si el gobierno ignora al Poder Judicial.

Finalmente, recordó que, a pesar de más de 70 suspensiones vigentes, el Consejo de la Judicatura ha avanzado con listas de candidatos a jueces y magistrados para elecciones en 2025, lo que representa, en su opinión, un desafío al orden jurídico del país.