La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena), aprobó por unanimidad de 37 votos a favor, el dictamen a la iniciativa presidencial que reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general que establezca como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en materia de extorsión.

El dictamen, que será turnado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos de la programación legislativa, señala que la Comisión de Puntos Constitucionales se adhiere completamente a la propuesta de reforma presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 10 de julio; “Definitivamente, consideramos y concluimos que se encuentra fundada, motivada. Es oportuna y necesaria”.

Con el cambio constitucional propuesto, el Congreso de la Unión expedirá una ley general para unificar y contemplar, entre otras cosas, el tipo penal de extorsión, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones, y se cumplan con los objetivos generales de prevención, investigación y mecanismos de atención efectiva a las personas víctimas, ofendidas y testigos.

De acuerdo con el régimen transitorio, el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El Congreso de la Unión deberá expedir la ley general de la materia en un plazo no mayor a 180 días contados a partir del día siguiente de su entrada en vigor.

Además, las disposiciones legales de la Federación y de las entidades federativas en materia de extorsión continuarán vigentes hasta en tanto el Congreso de la Unión emita la ley general. En el régimen transitorio de dicha ley se establecerán los plazos y condiciones para realizar las adecuaciones normativas correspondientes.

Argumenta que en el Código Penal Federal se tipificó esta conducta, pero en 1984. Actualmente, dicho delito ha evolucionado a la par de las nuevas tecnologías y en estrecha relación con las actividades de la delincuencia organizada. En ese sentido, el modus operandi supera contundentemente la norma. Por otro lado, a la vez existe una diversificación de tipos, puesto que cada estado codificó su tipo penal y su propia sanción, complicando su atención.

Expone que el delito de extorsión cuenta con elementos y cifras que lo identifican, se advierten modalidades y situaciones que ampliamente justifican la reforma constitucional para otorgar facultades al Congreso de la Unión y para la creación de una ley general que armonice, sistematice y homologue, y así combatir adecuadamente el delito descrito.

En la ley general se debe revisar lo penal y lo procedimental

Godoy Rangel comentó que ratificar la facultad que posiblemente se apruebe en el Congreso, va a permitir expedir una ley general que debe tener implicaciones en materia de tipo penal especial y el tema del Código Federal de Procedimientos Penales para revisar qué tipo de carga de prueba debe tener alguien que desde ahora se está señalando que debe ser denuncia de oficio.

Consideró que hay varias características que se tendrán que revisar en lo penal y en lo procedimental. “Será una gran tarea de todas y todos nosotros en la Comisión y en la Cámara de Diputados, y después en la de Senadores”. 

Indicó que el proyecto de dictamen se remitirá a la Mesa Directiva para los efectos de su programación legislativa, con fundamento en el artículo 84 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

Extorsión afecta a empresas, empleos, inversión y crecimiento

La diputada Clara Cárdenas Galván (Morena) señaló que la iniciativa se ajusta a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, considerando la extorsión como un delito de alto impacto. 

En el primer trimestre de 2025 se registraron oficialmente cinco mil 887 víctimas de extorsión, lo cual significa que el delito aumentó 87 por ciento en diez años. Dicho delito no solo afecta a las empresas sino impacta en la generación de empleos, inversión extranjera y nacional, el crecimiento económico, generación de infraestructura y mejora de servicios públicos, dijo.

Ante este panorama, estimó importante aprobar la reforma constitucional que permitirá al Congreso legislar en esa materia, así como armonizar y homologar el delito de extorsión, fortalecer la concurrencia de la Federación y las entidades federativas para que tengan mayor capacidad de respuesta ante este delito que destaca por dos modalidades: estafa telefónica y cobro de derecho de piso, y que proviene directamente de los centros penitenciarios y de la delincuencia organizado. “Estas adecuaciones son necesarias para la ciudadanía”.

Afecta la libertad y seguridad de las personas

A su vez, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (PAN) anunció el voto a favor de su grupo parlamentario. No se puede dejar de acompañar la posible solución a un problema doloroso que ha afectado a todos los rincones del país y que ha degenerado en la delincuencia, de ser un delito patrimonial a convertirse en uno que afecta la libertad y seguridad de las personas.

Recalcó que su grupo parlamentario está a favor de la reforma a la Constitución, con la encomienda de que la ley general que se derive de la facultad que se atrae al Congreso de la Unión pueda contener las soluciones en torno al fortalecimiento de las instituciones que deben participar para evitar, prevenir, detectar y sancionar la extorsión, en cualquier caso, además de analizar el tema de competencias en las entidades, las fiscalías estatales y a la General de la República, así como atender a las víctimas. 

La extorsión se incrementó en 21.1 por ciento de 2019 a 2025

La diputada Ruth Maricela Silva Andraca (PVEM) mencionó que la extorsión ha sido un problema creciente, ya que es el único delito que de enero de 2019 a enero de 2025 ha presentado un incremento del 21.1 por ciento, por lo que ahí radica la importancia de este proyecto de dictamen, el cual tiene la finalidad de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general sobre extorsión.

Destacó que la presidenta Sheinbaum ha puesto énfasis en implementar acciones para disminuir la incidencia de los delitos de alto impacto en el país, al crear un modelo integral que pone atención a los delitos de secuestro y extorsión, lo que implica un trabajo integral en la prevención, denuncia e investigaciones; por ello, anunció su respaldo al proyecto y se comprometió a trabajar sin descanso para “que ninguna persona tenga que pagar por vivir, trabajar o emprender en México”.

Prevenir, investigar y sancionar este grave delito

Para la diputada Irma Yordana Garay Loredo (PT) hoy se discute uno de los temas que más han dañado y lastimado al país, como es la extorsión, que se ha enraizado en la vida de las y los mexicanos, al no distinguir edad, género ni clase social; cada mujer y hombre están expuestos al peligro de ser extorsionados, ya sea con llamadas telefónicas de origen dudoso, amenazas directas de grupos de la delincuencia, correos electrónicos o mediante actos de violencia física.

Hoy –dijo– es un momento histórico que permitirá continuar cimentando las bases para tener un México más seguro. Con esta reforma se fortalece la lucha para disminuir los casos de extorsión y continuar trabajando en sinergia en beneficio de las y los mexicanos. El Congreso podrá expedir una ley general que ayude a prevenir, investigar y sancionar este grave delito, eliminando vacíos legales que impiden castigarlo y fortalece la cultura de la denuncia ciudadana.

Debemos trabajar en una buena ley secundaria

Del PRI, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez se mostró a favor de la reforma, ya que el delito de extorsión afecta a una buena parte del país y su característica no se limita a un territorio, por lo que legislarlo desde la Cámara de Diputados y del Senado de la República es dar una respuesta a las y a los ciudadanos. “Siempre vamos a apoyar aquello que sea en beneficio de la sociedad y esperamos que el debate en el Pleno sea lo más pronto posible en el periodo ordinario”.

Llamó a ir trabajando en una buena ley secundaria que contenga opiniones de los gobiernos de los estados, de fiscales, expertos de las barras de abogados y de las y los legisladores, a fin de analizar el fenómeno delictivo en todas sus vertientes; es decir, desde el cobro de piso y el que se realiza de manera remota, así como valorar el tema de las penas, la extorsión que se hace a las autoridades municipales, y los apoyos a estados y Federación.

Atender la gravedad del problema desde su raíz

Laura Hernández García, diputada de MC, comentó que el delito de extorsión ha sido utilizado por grupos de la delincuencia organizada para la obtención de recursos económicos, lo que ha tenido consecuencias para todas las personas, quienes han sufrido y siguen sufriendo porque son víctimas del delito, como lo indican los índices de violencia, que suman aproximadamente 11 mil al año.

Refirió que de acuerdo a datos de la Coparmex, en el primer semestre de 2025 se registraron 5 mil 887 víctimas de extorsión en México; por ello, se debe legislar no solo a nivel constitucional sino en la ley secundaria para homologar penas, generar políticas públicas que sean unificadas y atiendan la gravedad del problema desde su raíz y lograr una justicia real y punible, con apego a derechos humanos.