El caso de software irregular pretende resolverse vía mediación por la Fiscalía, para lo cual, se prevé una reunión entre las partes para el próximo viernes

Morelia, Michoacán.- Por la vía de la conciliación la busca solucionar el caso contra funcionarios del Congreso del Estado que de manera indebida habría asumido facultades para la contratación irregular de un software por el que la Cámara erogó 5.5 millones de pesos.

El asunto, que fue motivo de escándalo durante el primer año de labores de la LXXV Legislatura local, derivó en una denuncia que promovieron en abril de 2022 los diputados Juan Carlos Barragán, Julieta García Zepeda y Eréndira Isauro; luego, en junio de ese mismo año, lo ratificó la entonces presidenta del Congreso, Adriana Hernández Íñiguez, pero aún no lo resuelve la Fiscalía.

Dentro de la Fiscalía se integró la carpeta de investigación 1003202215683 contra María Isabel Ceja Linares, Beatriz Adriana Climaco Ortega y Mario Alberto Villejas Alfaro por la posible comisión del delito de fraude cometido en contra del Congreso.

El caso pretende resolverse por la vía de la mediación, para lo cual, se prevé el próximo viernes una reunión entre las partes en el Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía.

Contratación de software irregular en el Congreso de Michoacán

Cabe recordar que durante la presidencia de Fidel Calderón Torreblanca en la Junta de Coordinación Política se suscitó el escándalo por el que se vieron afectadas las finanzas del Congreso. En diciembre de 2021 la contratación irregular del software para llevar la contabilidad del Congreso se daría por orden directa de Mario Alberto Villegas Alfaro, para entonces secretario de Administración y Finanzas del Congreso del Estado.

A través de la entonces directora General de Finanzas de la Cámara, Beatriz Adriana Climaco Ortega, se procedió a contratar la propuesta –de tres presentadas- de José Alfredo Aburto Gaytán de la empresa E5 Software para la instrumentación del sistema PRO-GRP.

Para concretar la contratación sin conocimiento de la presidencia de la Cámara, se utilizaron el poder general emitido por ésta a Jaime Virgilio Moreno Zavala y María Isabel Ceja Linares para pleitos y cobranzas, no así para celebrar contratos.

El proceso se habría simulado para la contratación de una firma carente de experiencia al ser el Congreso local su primer y único cliente gubernamental.

Por la contratación del servicio que nunca se concretó, el Congreso desembolsó de un día para otro cinco millones 590 mil pesos, ya que el contrato se firmó el 30 de diciembre de 2021 y el pago se realizó el día 31 de ese mes en una sola exhibición.